El Tribunal Supremo está en la tarea de decidir sobre los recursos presentados contra la demolición de las presas de Los Toranes y Contreras. La empresa que operaba dichas presas ha presentado argumentos frente a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ordenaron la demolición de los aprovechamientos hidroeléctricos en las infraestructuras una vez concluida la concesión de las aguas. A pesar de que la concesión otorgada a Iberdrola Generación establece la reversión automática de las instalaciones a la Administración.
El Tribunal Supremo se enfocará en determinar si la Administración tiene la potestad de exigir la eliminación de obras realizadas por concesionarios en suelo de dominio público, y si es relevante que esta prerrogativa esté explícitamente establecida en el título concesional. Además, se evaluará el alcance del Real Decreto 1290/2012, que modificó el artículo 89 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y su impacto en las concesiones expedidas antes del 21 de septiembre de 2012.
La polémica en torno a la presa de Los Toranes en Teruel ha generado un fuerte rechazo por parte de la población local. La estructura, que tiene más de cien años de antigüedad y dejó de funcionar en 2018, era fundamental para el riego y la generación de electricidad en la región. Partidos políticos como el PSOE, Chunta y Vox han expresado su apoyo para conservar la presa, reconociendo los beneficios que brinda a la comarca de Gúdar-Javalambre.
Se ha argumentado la necesidad de tomar medidas para evitar la demolición de la central hidroeléctrica, especialmente en un contexto de aumento de los costos energéticos. Los ayuntamientos locales han intentado proteger el patrimonio industrial de la presa mediante una solicitud enviada al Ministerio de Cultura y a la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Por otro lado, el Ministerio de Transición Ecológica ha señalado que la existencia de estas presas va en contra de los requisitos medioambientales y los intereses públicos, instando a su demolición. Los habitantes de la región se han manifestado en contra de esta decisión, subrayando la importancia de las presas para el manejo eficiente de recursos hídricos y la prevención de emergencias como los incendios.
Grupos ecologistas, aunque preocupados por las consecuencias ambientales de las presas, también han respaldado su conservación. En este escenario, la decisión final del Tribunal Supremo será crucial para determinar el destino de las presas de Los Toranes y Contreras, así como el futuro de las comunidades que dependen de ellas. La resolución de este caso tendrá un impacto significativo en el equilibrio entre la protección del medio ambiente y el aprovechamiento de recursos en España.
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