El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado una instrucción clara y directa a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del ‘procés’. La orden es solicitar al Alto Tribunal que aplique la amnistía a todos los delitos cometidos por los líderes independentistas catalanes, incluyendo la malversación.

García Ortiz ha remitido un informe jurídico a la cúpula fiscal y ha convocado una Junta de Fiscales de Sala para el martes, con el objetivo de fijar la posición oficial de la Fiscalía sobre la aplicación de la amnistía a los condenados y procesados por el Supremo. Esta medida responde a la solicitud de los fiscales del ‘procés’, quienes son contrarios a perdonar el delito de malversación, a menos que el Fiscal General esté en desacuerdo con ellos.

Los fiscales del ‘procés’ han manifestado su oposición a amnistiar a Carles Puigdemont por el delito de malversación. Sin embargo, García Ortiz ha indicado que se debe aplicar la amnistía no solo a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por malversación (el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa), sino también a tres de los fugados que no fueron juzgados (el expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia).

García Ortiz ha instruido a los fiscales para que “procedan a cumplimentar los traslados conferidos mediante providencias de 11 de junio de 2024, en el sentido de que los delitos objeto de imputación y condena en la Causa Especial núm. 3/20907/2017 seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación” de la ley de amnistía.

El Fiscal General del Estado ha señalado que, como consecuencia, “procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados”, en referencia a Puigdemont, Comín y Puig.

Esta decisión marca un punto de inflexión en la política judicial hacia los líderes del ‘procés’, potenciando un debate significativo en el ámbito político y judicial. La amnistía incluye delitos graves, lo que ha generado diversas reacciones tanto en apoyo como en oposición a esta medida.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido un fallo que podría transformar significativamente la política de asilo en Europa, especialmente para los palestinos del Gaza. Según esta nueva decisión, los palestinos tendrán derecho a asilo en Europa debido a la imposibilidad de recibir protección adecuada por parte de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

Este fallo se produce en medio de un clima tenso, donde líderes israelíes han sugerido la reubicación masiva de palestinos a países occidentales, incluida Alemania. Sin embargo, las deportaciones a Oriente Próximo han sido escasas, y ahora, en lugar de una remigración masiva, Europa podría enfrentarse a una inmigración a gran escala desde Gaza, donde viven hasta dos millones de personas.

El caso que motivó este fallo del TJUE involucra a una mujer palestina y su hija menor, quienes solicitaron asilo en Bulgaria hace seis años. El tribunal dictaminó que los tribunales nacionales deben tener en cuenta la precaria situación humanitaria en Gaza y la incapacidad de la UNRWA para proporcionar protección suficiente a la población local.

Este fallo significa que los palestinos, cuya situación de apatridia y hogar inseguro ya dificultaba su deportación, pueden contar con una mayor posibilidad de obtener asilo en Europa. Además, aunque se excluye a miembros de Hamas implicados en crímenes de guerra o contra la humanidad, el control efectivo sobre la afiliación de los solicitantes sigue siendo un desafío considerable.

La decisión del TJUE ha suscitado diversas reacciones. Desde el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), un abogado celebró el fallo como una «decisión correcta». Esta ONG, con sede en Berlín y dirigida por Wolfgang Kaleck, ha trabajado en casos notables como la defensa de Edward Snowden y denuncias contra altos mandos del Pentágono por Guantánamo. Sin embargo, su colaboración con fundaciones políticas y la Open Society Justice Initiative ha generado controversia.

La sentencia también pone en una situación complicada a los conservadores y sectores de derecha en Europa que han mostrado solidaridad con Israel, esperando una postura más firme contra el islamismo global. La paradoja es evidente: el apoyo a Israel podría ahora facilitar la llegada masiva de refugiados palestinos a Europa, incluyendo potenciales elementos conflictivos.

Este escenario era previsible, considerando que las políticas restrictivas de asilo en países como Hungría han sido repetidamente cuestionadas y sancionadas por los tribunales europeos. El reciente fallo contra Hungría, imponiéndole una multa de 200 millones de euros por su política de asilo, resalta la postura de la Unión Europea hacia una política de acogida más abierta.