El Banco Central Europeo (BCE) ha sorprendido a los mercados financieros al decidir reducir los tipos de interés antes que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), a pesar de no haber alcanzado aún su objetivo del 2% de inflación. Después de dos años de subidas continuas, el BCE ha anunciado una reducción de 0,25 puntos en los tipos de interés, situándolos en el 4,25%.

Esta decisión, tomada en la última reunión del Consejo de Gobierno, marca el primer recorte de tipos desde marzo de 2016, hace más de ocho años. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha explicado que esta medida se debe a que la inflación en la zona euro se ha acercado al objetivo del 2%, alcanzando el 2,6% en mayo.

El BCE había empezado a elevar los tipos de interés en julio de 2022, con diez alzas consecutivas para contener la inflación tras la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, ahora ha decidido modificar su política monetaria ante las presiones inflacionistas internas debido al crecimiento de los salarios.

Las perspectivas de inflación para la eurozona han sido revisadas al alza, con previsiones del 2,5% en 2024 y del 2,2% en 2025. Lagarde ha señalado que es probable que la inflación se mantenga por encima del 2% hasta buena parte de 2025. La próxima reunión del BCE, programada para el 18 de julio, será crucial para determinar si habrá más recortes de tipos, con expertos apostando por dos bajadas más este año.

En una reciente sesión en la Audiencia Nacional, la Abogacía del Estado, ejerciendo acusación en el conocido caso Nummaria, ha puesto en duda el informe favorable de la Agencia Tributaria respecto a la situación fiscal de la actriz Ana Duato, correspondiente a los ejercicios de 2014 a 2017. Este informe, presentado en abril, argumentaba la inexistencia de delito fiscal por parte de Duato en dichos ejercicios, pero según la Abogacía del Estado, tal conclusión no es vinculante para el tribunal.

El abogado del Estado enfatizó que la función de los empleados de la Agencia Tributaria no abarca facultades jurisdiccionales, por tanto, sus hallazgos y conclusiones sobre el caso no deben condicionar la decisión judicial. Esta posición refleja la intención del Estado de seguir adelante con la acusación contra la actriz bajo el entendimiento de que el tribunal ostenta la total libertad para emitir un juicio independiente, libre de las interpretaciones administrativas previas.

Dentro del juicio, donde Ana Duato, Imanol Arias y numerosos implicados más se enfrentan a cargos por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, se ha anunciado que los funcionarios que redactaron el mencionado informe serán llamados a declarar. Su testimonio busca ser un auxilio judicial que el fiscal Tomás Herranz estima necesario para desentrañar, entre otras cuestiones, las metodologías aplicadas en el cálculo de cuotas del Impuesto de Sociedades y su relación con las supuestas deudas tributarias de la actriz.

Asimismo, la Abogacía del Estado ha respondido a los intentos de la defensa de Duato por excluir ciertos ejercicios fiscales anteriores (2010, 2011 y 2012) de este juicio, sobre la base del principio de ‘non bis in idem’, que evitaría juzgar a la actriz más de una vez por los mismos hechos. Sin embargo, el abogado del Estado ha citado jurisprudencia relevante de tribunales nacionales e internacionales, indicando que es factible seguir un proceso penal tras uno administrativo sancionador, siempre que se consideren las sanciones previamente impuestas para no incurrir en respuestas desproporcionadas.

Además, se ha observado cierta flexibilidad por parte de la Abogacía del Estado al retirar acusaciones contra varios acusados y readecuar la petición de penas, en un esfuerzo por equilibrar las consecuencias derivadas de ambos procesos, el administrativo y el penal.

El juicio sigue su curso con un calendario ajustado, esperando las declaraciones de los encausados conformados y de Ana Duato, quien está programada para comparecer el 12 de junio. Este caso, que ha mantenido en vilo a la opinión pública, plantea complejas intersecciones entre el derecho tributario y penal, y reflexiona sobre el límite entre la interpretación administrativa y la soberanía judicial.

Las instituciones de la Unión Europea están tomando medidas decisivas para proteger las elecciones europeas que se llevarán a cabo del 6 al 9 de junio, combatiendo activamente la desinformación y la manipulación informativa que amenazan la democracia en el continente.

Las elecciones europeas son un pilar fundamental de la democracia en la UE. Sin embargo, según el Observatorio Europeo de los Medios de Comunicación Digitales, los agentes de desinformación tanto dentro como fuera de la UE intentan socavar la integridad del proceso electoral. Estos actores buscan debilitar la confianza en los sistemas democráticos y fomentar la división y polarización en las sociedades europeas. De acuerdo con el Eurobarómetro, el 81 % de los ciudadanos de la UE considera que las noticias falsas y la información manipulada representan un problema grave para la democracia.

En los últimos meses, diversas instituciones, autoridades, organizaciones de la sociedad civil y verificadores de datos han identificado numerosos intentos de desinformar a los votantes. Estos esfuerzos incluyen la difusión de información falsa sobre cómo votar, la disuasión de los ciudadanos de participar en las elecciones y la manipulación del debate público mediante la proliferación de información engañosa.

Los desinformadores utilizan una variedad de tácticas, incluyendo redes de cuentas falsas y medios de comunicación ficticios, para manipular el entorno informativo. Operaciones como False Facade, Portal Kombat y Doppelgänger han sido reveladas recientemente por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y las autoridades nacionales de los Estados miembros. Un informe de la empresa finlandesa de software Check First, titulado “Operation Overload”, documenta cómo cuentas sospechosas contactaron a más de 800 verificadores de datos y medios de comunicación en 75 países, intentando sobrecargar sus recursos con información falsa.

Ante estas amenazas, la UE ha adoptado una respuesta colectiva basada en un mandato claro de sus líderes políticos. Las instituciones de la UE, en estrecha colaboración con los Estados miembros, verificadores de datos, medios de comunicación y la sociedad civil, están compartiendo perspectivas, intercambiando experiencias y coordinando respuestas para combatir la desinformación y las injerencias extranjeras.

La respuesta de la UE ante la desinformación se centra en varios pilares clave:

– Desarrollo de políticas para reforzar la democracia y proteger a los periodistas y el pluralismo mediático.
– Sensibilización sobre la desinformación y preparación y respuesta ante la misma.
– Reforzamiento de la resiliencia de la sociedad mediante la alfabetización mediática y la verificación de datos.
– Cooperación con otras instituciones y autoridades nacionales.

Las instituciones de la UE han promovido diversas actividades para aumentar la resiliencia frente a la desinformación, incluyendo:

– Un sitio web oficial de las elecciones europeas con una sección sobre “Elecciones libres y justas”.
– Vídeos informativos del Parlamento Europeo en las 24 lenguas oficiales de la UE sobre técnicas de desinformación.
– Un folleto del Parlamento Europeo con diez consejos para combatir la desinformación.
– Un conjunto de herramientas para profesores preparado por la Comisión Europea sobre cómo detectar y combatir la desinformación.
– Una campaña conjunta de la Comisión y el Grupo de Entidades Reguladoras Europeas para los Servicios de Comunicación Audiovisual, con un vídeo en redes sociales que sensibiliza sobre los riesgos de la desinformación antes de las elecciones.

Durante este mandato, la UE ha adoptado legislación significativa como el Reglamento de Servicios Digitales, el Reglamento de Inteligencia Artificial y el Reglamento sobre la transparencia y segmentación de la publicidad política. Estas leyes exigen que las plataformas evalúen y mitiguen los riesgos que ponen en peligro la protección de los procesos electorales, incluida la desinformación. La Comisión Europea ya ha iniciado procedimientos contra X y Meta (Facebook e Instagram) por posibles violaciones relacionadas con la integridad electoral.

La Unión Europea está firmemente comprometida en la lucha contra la desinformación para garantizar unas elecciones libres y justas. Con una combinación de políticas, sensibilización, educación mediática y cooperación internacional, la UE trabaja para proteger la democracia y la integridad de sus procesos electorales, asegurando que los ciudadanos puedan votar con confianza y seguridad.

En un giro relevante dentro del mediático ‘caso Nummaria’, un reciente informe de la Agencia Tributaria ha puesto en jaque las acusaciones que pesan sobre la reconocida actriz Ana Duato, conocida por su papel en la longeva serie española ‘Cuéntame cómo pasó’. Según el documento, emitido el 10 de abril y solicitado por el fiscal anticorrupción Tomás Herranz, Duato no habría superado el umbral de los 120.000 euros defraudados a Hacienda entre los años 2014 y 2017, cantidad necesaria para considerar su conducta como delito fiscal.

El análisis de la situación fiscal de Duato durante los ejercicios mencionados forma parte esencial del juicio que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional. Este juicio no sólo implica a la actriz, sino también a su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeu, y veintinueve implicados más, incluido Imanol Arias, compañero de reparto de Duato en ‘Cuéntame cómo pasó’, quien ya ha admitido cinco delitos fiscales y llegado a un acuerdo con la Fiscalía.

La controversia surgió por el cuestionamiento sobre los ingresos que Duato percibía por cada episodio de la serie. Inicialmente, la Fiscalía basó sus cálculos en la suposición de que la actriz recibía más de 63.000 euros por episodio. Sin embargo, su defensa, encabezada por el abogado Enrique Molina, ha señalado errores en esos cálculos, argumentando que no se revisaron adecuadamente los contratos con Televisión Española (RTVE), lo que llevó a un malentendido sobre la remuneración real que Duato recibió hasta febrero de 2013.

Dicho informe reveló que, de hecho, Ana Duato había percibido un monto significativamente menor por capítulo desde 2014, estimando un pago de 33.767 euros por episodio basándose en la participación de la actriz en 85 episodios durante el periodo analizado y las rentas declaradas, las cuales ascendían a 2,87 millones de euros.

Esta evaluación recalculada de sus ingresos por episodio lleva a señalar que Duato no habría incurrido en el nivel de fraude tributario previamente atribuido por la Fiscalía. A lo largo de 2014 a 2017, las cifras de defraudación estimadas por año no alcanzan el umbral de 120.000 euros: 76.777 euros en 2014, 76.932 en 2015, 71.263 en 2016 y 40.452 en 2017; esquivando, así, la clasificación de sus acciones como delito fiscal.

La relevancia de estos nuevos hallazgos radica en su potencial para alterar significativamente el curso del juicio contra Duato y Bernardeu, quienes han optado por no llegar a un acuerdo previo con la Fiscalía, una estrategia que contrasta con la adoptada por otros acusados en el caso. Este desarrollo aporta evidencia crucial que podría inclinar la balanza a favor de la actriz, al desvanecer la premisa de una defraudación fiscal en magnitudes delictivas, marcando un precedente importante en los procedimientos judiciales de casos similares.