En una demostración de estrategia política y legal, el Partido Popular (PP) de Génova se prepara para enfrentar lo que consideran una batalla casi imposible contra la ley de amnistía promovida por el actual gobierno. A pesar de reconocer abiertamente las mínimas probabilidades de éxito ante el Tribunal Constitucional, cuya mayoría es de tendencia progresista, el PP no desiste y busca asegurar la mayor objetividad posible en este órgano de garantías. Este empeño se traduce en la posibilidad de recusar a los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez en la discusión de sus recursos contra la controversial ley.
El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo no solo se enfoca en escrutar cualquier posible vulnerabilidad de la ley para obstaculizar su implementación efectiva sino también se plantea desafiar la imparcialidad de parte del Tribunal Constitucional. El mecanismo de recusación, previamente intentado en febrero de 2023 sin éxito, se argumenta en base al artículo 219 de la Ley del Poder Judicial, que indica la amistad, enemistad manifiesta o participación previa en el asunto objeto de causa como motivos válidos para solicitar la abstención de un juez.
Mientras tanto, Juan Carlos Campo y Laura Díez ya han demostrado en ocasiones anteriores su disposición a abstenerse de deliberaciones para preservar la percepción de imparcialidad del tribunal. No obstante, el PP parece decidido a explorar todas las opciones legales, incluyendo la vigilancia sobre otras figuras como el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, aunque por el momento no consideran extender la recusación hacia él.
El PP, además de su esfuerzo en el ámbito nacional, planea ejercer presión a nivel europeo, esperanzado en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la Comisión Europea activen mecanismos de supervisión sobre el Estado de Derecho en España que impidan la amnistía para casos de malversación. Esto podría, según el PP, dificultar el retorno de figuras independentistas como Carles Puigdemont sin enfrentarse a consecuencias legales. La estrategia incluye también fortalecer lazos con la UE, aprovechando encuentros programados con figuras claves como Ursula von der Leyen.
En resumidas cuentas, el PP se prepara para una contienda legal extenuante, sin prisa pero sin pausa, buscando el momento oportuno para presentar sus recursos. Esta táctica no solo refleja una postura desafiante hacia la actual legislatura sino también una búsqueda incansable por parte de Feijóo y su equipo para proteger lo que consideran los pilares de la democracia y el Estado de Derecho en España.
