La anticipación de las elecciones generales al 23 de julio por parte del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llevado a la suspensión de todas las actividades parlamentarias planificadas en el Congreso desde este martes, fecha en la que se hará efectiva la disolución de la Cámara. Asimismo, se paraliza la tramitación de todas las iniciativas en curso, lo que dejará sin aprobar más de 60 leyes, 25 de ellas provenientes de decretos-ley que ya están en vigor, otras ocho aprobadas por el Gobierno y alrededor de una treintena impulsadas por los grupos parlamentarios.
Una vez publicado el decreto de disolución, únicamente quedará en funcionamiento la Diputación Permanente del Congreso, pero no así el Pleno de la Cámara, que ya no podrá reunirse hasta la sesión constitutiva de la próxima legislatura, programada para mediados de agosto. Ya se han suspendido oficialmente las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces que estaban convocadas para este martes.
El Pleno de esta semana iba a debatir la toma en consideración de dos proposiciones de ley, una de VOX y otra de Unidas Podemos. La de VOX era una reforma del Código Penal que permite castigar con hasta 20 años de cárcel a los presidentes de Gobierno o de Ejecutivos autonómicos que promuevan o faciliten conductas que busquen «atentar contra la unidad o la integridad territorial de España». Unidas Podemos buscaba obligar a las empresas que se lleven su sede fiscal fuera de España a devolver las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores a la decisión de abandonar el país, ante el caso de Ferrovial, acusada de practicar «piratería económica».
También se iban a debatir dos proposiciones no de ley, una del PP sobre medidas relativas a la vivienda habitual y otra del PSOE sobre la Estrategia Nacional de Economía de los Cuidados, así como tres mociones: Dos de ERC y Junts que pedían el traspaso de Cercanías a Cataluña y una del PP sobre la «deficiente gestión» del Ejecutivo.
En la sesión de control prevista para este miércoles, además de las preguntas a Pedro Sánchez y sus ministros, se iban a sustanciar tres interpelaciones urgentes. Una de ERC, sobre el Tratado Global de los Océanos de la ONU; otra del PP para examinar la gestión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y otra de VOX, dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre las medidas del Gobierno «para garantizar la integridad territorial de España y la completa seguridad en Ceuta y Melilla».
El jueves se iba a aprobar para su remisión al Senado el proyecto de ley por el que se regulan las Enseñanzas Artísticas y se iba a someter al debate de convalidación un decreto con medidas contra la sequía y la promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes.
Además, se interrumpen el resto de actividades parlamentarias, por lo que esta legislatura ya no podrán ver la luz más de 60 textos legislativos.
En concreto, se quedan en el tintero un total de 25 leyes procedentes de decretos ley que el Congreso aceptó tramitar como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia para que los grupos pudieran introducir enmiendas. Todas están en vigor, algunas desde 2020, pero el adelanto electoral impedirá modificaciones entre otras de la relativa a las pensiones o al nuevo sistema de cotización de los autónomos.
En la misma situación quedan otros 38 textos legislativos, ocho de los cuales son proyectos de ley del Gobierno y el resto corresponden a proposiciones de ley impulsadas por distintos grupos parlamentarios.
Las leyes aprobadas por el Consejo de Ministros que no verán completada su tramitación en el Congreso son: la ley de Seguridad Nacional, la trasposición de directivas europeas para la lucha contra el fraude, la de equidad del Sistema Nacional de Salud, la ley de eficiencia digital de la Justicia, la Ley del Cine, la que crea la Agencia Estatal de Salud Pública, la Ley de Familias y la del Derecho de Defensa. También se suma el proyecto de reforma constitucional para suprimir el término disminuido y sustituirlo por ‘persona con discapacidad’.
De entre las iniciativas que llevan la firma de los grupos parlamentarios no verán la luz la de Secretos Oficiales, la reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión, así como la destinada a despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España, las que reforman la que regula el Tribunal Constitucional y el Registro Civil, y otra reforma del Código Penal o la que buscaba conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo soberanía española. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, ya quedó enterrada al no ser aprobada en la Comisión de Interior.
También se quedan en el limbo: la ley para la gratuidad del primer ciclo de educación infantil, las leyes que buscan mejoras para los pacientes de ELA y para la protección laboral de los que tienen una enfermedad grave como el cáncer, la Ley de Salud Mental y la que perseguía aplicar un IVA del 4% a los servicios de dependencia.
En materia cultural, además de la ya citada Ley del Cine se paraliza la tramitación de la de Enseñanzas Artísticas. Lo mismo sucede con la de garantía del acceso a la banda ancha de Internet a 100Mbps en zonas rurales y otra norma para luchar contra el antisemitismo.
También se pierden la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para ampliar permisos de paternidad y maternidad, la que persigue que estas circunstancias sirvan para la suspensión de juicio oral y la que reconoce como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones.
Asimismo, la disolución de las Cortes da al traste también con dos reformas el Reglamento del Congreso, una que buscaba regular los ‘lobbies’ y otra destinada al control parlamentario de las proposiciones no de ley y las mociones. La comisión de investigación sobre las cloacas del Estado y la ‘operación Cataluña’ no podrá concluir sus trabajos en esta legislatura.
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