Castilla-La Mancha ha destacado la fortaleza y las inversiones en la Atención Primaria, tanto en materia de infraestructuras, como en tecnología como en recursos humanos. Así lo ha destacado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en el acto de entrega de la Orden del Mérito Civil de Sanidad al doctor Manuel Tordera, donde ha acompañado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Fernández Sanz ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido un 28,5 por ciento del presupuesto total dedicado a Sanidad en Atención Primaria en 2022, pudiendo realizar un gran esfuerzo en infraestructuras, tecnología y recursos humanos.

Así, ha destacado que, desde junio de 2015, se han puesto en marcha 24 nuevos centros de Atención Primaria y, actualmente, tiene en marcha 37 centros más en diversas fases a fin de mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios y mejorar el confort de los pacientes en la asistencia sanitaria que se les presta.

Respecto a los recursos humanos, en la actualidad, hay 2.433 médicos de familia, el mayor número de facultativos de Atención Primaria de la historia del Servicio Regional de Salud (SESCAM) y 471 residentes de Medicina de Familia. El consejero de Sanidad ha resaltado que en materia de formación, se han ofertado 99 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria que ya se han cubierto, al igual que las 92 ofertadas en el año anterior, “por lo tanto estamos atrayendo talento profesional a este ámbito sanitario en nuestra región”, ha manifestado.

Asimismo, se han reforzado las Unidades Administrativas que tienen una función importante para el funcionamiento del equipo de Primaria en su conjunto, superando actualmente los 800 profesionales.

Fernández Sanz ha destacado así mismo, que “este Gobierno se marcó el objetivo y ha conseguido que ningún profesional de Atención Primaria tenga más de 2.000 tarjetas asignadas, con lo que la presión de los cupos sobre ellos debe ser más equilibrada”.

Respecto al premiado, el consejero ha destacado que fue médico de familia y ocupó posteriormente puestos de gestión, pero nunca olvidó su pasión, la Medicina de Familia y Comunitaria, destacando en todos sus puestos por una gran cercanía y humanidad.

Así, Fernández Sanz ha subrayado como curiosidad que Tordera, una vez jubilado, ha seguido manteniendo el contacto con los pacientes de la zona, interesándose por la evolución de sus procesos.

Orden civil de Sanidad

El doctor Manuel Tordera ha recogido emocionado la Orden Civil de Sanidad de manos de la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Manuel Tordera Ramos, es licenciado en Medicina y Cirugía, habiéndose desempeñado como especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, ámbito en el que ha desarrollado la mayor parte de su dedicación profesional y objeto de interés prioritario como gestor sanitario y directivo de la salud. Como gestor sanitario, se incorporó como asesor de procesos en la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Calidad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, donde se responsabilizó, en los servicios centrales, de la jefatura de Servicio de Atención Primaria, siendo después jefe de Área de la misma materia en el ámbito regional.

Fue nombrado director gerente de la Gerencia de Atención Integrada de Cuenca del SESCAM, con el   reto de mejorar la cartera de servicios de su hospital y asegurar la prestación de servicios de calidad en la Atención Primaria en un entorno mayoritariamente rural. En 2015, recibió el nombramiento por parte del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha como director general de Salud  Pública y Consumo.

En el año 2019, solicitó la prórroga en la prestación de servicios como médico para volver a la profesión   en el entorno rural conquense, para cuidar la salud de la población dentro del equipo de la Zona Básica  de Salud de Villas de la Ventosa, en la provincia de Cuenca, caracterizada por la dispersión de sus núcleos de población y la avanzada edad de parte relevante de sus habitantes. Estas labores han sido reconocidas por la Orden Civil de Sanidad.

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El Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha ha quedado listo para ir a pleno, tras su paso por la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Cortes regionales, donde se han incorporado dos enmiendas al texto, una presentada por el PSOE y otra de Ciudadanos y se han rechazado –con los votos en contra de los socialistas– otras 16, ocho del Partido Popular y otras tantas de la formación naranja, centradas en su mayoría en plazos de resolución administrativos y la participación de ayuntamientos y otras entidades municipales.

El texto, impulsado por la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, persigue «profundizar en la protección del dominio público pecuario de forma compatible con las expectativas de la sociedad actual».

La enmienda introducida a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista busca, en palabras de su portavoz en la Comisión, Julián Martínez, «cambiar la redacción del punto 5 que en vez de decir que el organismo actuante garantice de forma indubitativa se cambie por el texto «y el promotor del texto garantice».

La enmienda ha recibido una transaccional por parte de Ciudadanos, para pedir que se mantenga la expresión «de forma indubitativa», pero la misma ha sido rechazada.

Asimismo, la enmienda defendida por la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Elena Jaime, referida a «la agilización de los trámites» mediante la reducción de los plazos de autorización de los trabajos de acondicionamiento, mantenimiento y mejora, de los doce a los seis meses, ha sido igualmente aprobada gracias a los votos favorables de los cuatro parlamentarios del PSOE.

Junto a esta enmienda, Ciudadanos ha presentado otras ocho propuestas, rechazadas con los votos del PSOE a pesar de contar con los dos votos favorables de los parlamentarios del Partido Popular, que estaban centradas en la agilización de trámites y la participación de las administraciones locales.

«Pedimos que se cuente y que se haga contando con las administraciones locales», ha planteado la edil de CS, quien también ha defendido una enmienda solicitando que se reduzca el plazo de ocupación concedido, de 10 años a 5 años, «aún así renovables». «Normalmente nos encontramos con que los ocupantes solicitan siempre el plazo máximo», ha expuesto la parlamentaria.

RECHAZO DE LAS ENMIENDAS DEL PP

De la misma forma, las ocho enmiendas del Grupo Parlamentario del Partido Popular, defendidas por el diputado Benjamín Prieto, también han estado centradas en la agilización de los plazos de resolución.

«Entendemos que la administración tiene los suficientes medios para reducir los deslindes y amojonamientos a dos años de plazo», ha señalado Prieto.

Igualmente, ha planteado la participación de las corporaciones municipales, así como otras entidades encargadas de estas cuestiones, en las fases de alegaciones públicas a los proyectos de modificación.

Exponiendo los motivos del rechazo a la participación de instancias municipales, el portavoz socialista ha señalado que «la Junta de Comunidades debe ejercer la recuperación posesoria de estos bienes de dominio público no por la petición de Ayuntamientos u otras organizaciones, sino porque le procede directamente».

Tras el establecimiento definitivo del texto del Proyecto de Ley, el mismo pasará a su debate en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha para su aprobación definitiva.

El Grupo Parlamentario Popular ha anunciado que mantendrá vivas sus ocho enmiendas rechazadas para su debate durante el mismo.

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El diputado regional del PSOE Antonio Sánchez Requena ha criticado este miércoles que el candidato del PP a la Junta, Paco Núñez, «no es capaz de alegrarse» por el recorte del trasvase del Tajo al Segura en favor de nuestra tierra, lo que ha achacado que se debe a que «prefería el memorándum de la vergüenza firmado por Cospedal».

En rueda de prensa, Sánchez Requena ha recordado el memorándum Tajo-Segura firmado por el Gobierno de María Dolores de Cospedal y el Ejecutivo de Mariano Rajoy «para favorecer los intereses del Levante», un documento que se contrapone al nuevo Plan Hidrológico del Tajo que recorta las aportaciones al Segura, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

«En todo este proceso ha sido siempre muy significativo, muy llamativo el silencio del presidente del PP, de Paco Núñez, que no defendió los intereses de Castilla-La Mancha cuando gobernaba el PP, cuando aprobaba ese memorándum de la vergüenza que condenaba a Castilla-La Mancha a trasvasar cantidades ingentes de agua, pero que tampoco ha defendido los intereses de Castilla-La Mancha ahora, cuando otro gobierno, el del presidente Emiliano García-Page, ha dado la batalla por la defensa del agua del Tajo», ha reflexionado.

Sánchez Requena ha incidido en que «en esta mañana seguimos echando en falta que el presidente regional del PP, que el señor Núñez, se alegre de un hecho incuestionable, que es una muy buena noticia para Castilla-La Mancha, que el Gobierno haya aprobado recortes en el trasvase del Tajo».

Ha continuado celebrando que «por fin, se haya dicho claramente con ese Real Decreto que este río tiene que tener un caudal mínimo, una decisión que es de sentido común» y «justa, que está avalada por la justicia».

«Es decir, que por fin se está cumpliendo tanto con las directivas europeas como con las sentencias judiciales, es un hecho que demuestra, una vez más, que el presidente Emiliano García-Page ha hecho siempre una defensa clara en todos los temas que le competen de los intereses de Castilla-La Mancha», ha agregado.

De este modo, ha considerado que negarlo «demuestra que el señor Núñez o vive en otro mundo, o que ni siquiera lee la prensa, ni la nacional, ni la de Levante», ya que solamente «hay que ver las portadas de hoy».

«No sabemos exactamente a qué está, pero lo que es evidente es que la aprobación ayer de ese Real Decreto en el que se revisa la planificación hidrológica del Tajo, que empieza a poner fin a más de 40 años de trasvases desmesurados» es «algo incuestionablemente positivo, y el señor Núñez parece estar más bien al lado de otros intereses».

«Quizá los intereses de su partido en el Levante. Y, en ese sentido, el silencio que viene manteniendo en todo este proceso el señor Núñez parece el silencio de los corderos, más bien el silencio del cordero de Génova», ha opinado.

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La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo ha lamentado que el Plan del Tajo «no dote de caudal ni régimen ecológico al río, sino de caudales políticos y de conveniencia para otros intereses ajenos a la cuenca del Tajo», al tiempo que ha añadido que estos «no se ajustan a las propuestas técnicas y científicas aportadas en los planes anteriores ni en las periciales», que llevaron al Tribunal Supremo a dictar las sentencias en su favor en 2019.

En nota de prensa, dicha plataforma también ha condenado que el Real Decreto aprobado este miércoles «incumple el propio carácter ecológico que no se puede dotar a lo largo de sucesivos plazos o entregas».

«El cumplimiento de los caudales ecológicos es, por su propia naturaleza y por estar así recogido en la legislación, una restricción y prioridad a cualquier otra consideración, uso o necesidad; salvo para el abastecimiento humano «de boca», si fuere el caso.

«El Plan incumple este requisito toda vez que, una vez determinados los caudales ecológicos, se han sometido a diferentes procesos de concertación con usuarios y gobiernos autonómicos ajenos o no a la cuenca del Tajo, menguando sus cuantías y condicionándolos al mantenimiento de los trasvases a otras cuencas».

OBVIA LA PRIORIDAD DE LA CUENCA CEDENTE

De igual modo, consideran que lo aprobado este martes por el Consejo de Ministros «obvia» la prevalencia de la prioridad de la cuenca cedente, la del Tajo, a satisfacer con carácter previo todos sus usos y necesidades sin ningún tipo de discriminación en cantidad y calidad suficientes.

«Ésta es una coletilla que desde la Ley de 1971 de Explotación conjunta del Trasvase Tajo-Segura se viene arrastrando en toda la legislación de aguas que afecta al Tajo, pero que no por muy repetida es cumplida. Si se cumpliera, la redacción del Plan de cuenca del Tajo sería el primer Plan a abordar respecto de los de aquellas cuencas que esperan recibir excedentes trasvasables. Sin embargo, es el último en publicarse.

Además, señalan que el carácter de aguas excedentarias trasvasables sólo quedaría cuantificado y almacenado en la cabecera del Tajo al finalizar cada año hidrológico, para después disponer de ellas en las cuencas receptoras.

UNIDAD DE CUENCA

Desde la Plataforma del Tajo también alegan que la Directiva Marco del Agua establece que la gestión de los recursos de los ríos ha de abordarse unívoca e inequívocamente por demarcaciones hidrográficas; es lo que se ha dado en llamar unidad o unicidad de cuenca.

«Sistemáticamente el Plan ignora la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en 2018, según la cual el cumplimiento de las obligaciones ambientales no pueden supeditarse a otras necesidades o medidas», han añadido.

De igual modo, consideran que es el trasvase Tajo-Segura «quien recorta caudales al Tajo y no al revés». «Es falso que el establecimiento de caudales ecológicos en el Tajo recorte excedentes trasvasables. De hecho y como sugiere el dictamen del Consejo de Estado, la regla de explotación del Acueducto Tajo-Segura debe emanar del propio Plan de cuenca del Tajo para hacer compatible la salud del Tajo con los trasvases.

En este sentido, han apuntado que el recorte de disponibilidad de agua excedentaria trasvasable «no lo impone el Tajo sino el escenario de cambio climático que en la cabecera del Tajo se hace patente y cada vez más acuciante desde 1980, con una reducción de aforos de algo más del 51% desde esa fecha y con previsiones de futuro de hasta un 24% respecto de los actuales».

Por todo ello, la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo ha avanzado que abogará en el seno de la Red del Tajo por recurrir el Plan nuevamente y alimentar en la Comisión Europea las acciones oportunas.

«Para ello vamos a necesitar de la apuesta de la ciudadanía por hacer justicia al Tajo ayudándonos a costear los recursos que sean necesarios», han reclamado.

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La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) ha presentado su balance anual de la situación del campo en Castilla-La Mancha, con un 2022 que concluye, como 2021, con altos costes de producción y una climatología adversa, que se ha traducido en una reducción de la rentabilidad de las explotaciones.

Según ha explicado el presidente de Asaja en Albacete, Jorge Navarro, en rueda de prensa «los altos costes de producción que no podemos soportar ni transferir a la venta de los productos y la subida de los costes, tanto de fertilizantes, productos fitosanitarios, gasóleos, maquinaria, piensos, hierro y, sobre todo, electricidad, han hecho que muchas explotaciones no sean rentables».

A esta situación, ha apuntado, hay que sumar las adversidades del clima, «con una importante sequía hasta el mes de abril, donde se produjeron heladas que prácticamente acabaron con la cosecha de frutos secos, como la almendra, o frutas de hueso, como el albaricoque y el melocotón».

También las olas de calor vividas durante el verano redujeron las cosechas, especialmente de cereal, con un 30% menos, y uva, con un 25% menos.

IMPORTACIONES DE OTROS PAÍSES

Además, Navarro ha criticado las importaciones de terceros países, que provocan bajadas continuadas de los precios. «En lo que va de año llevamos siete semanas consecutivas bajando el precio, no podemos soportar los costes y los precios bajos hacen que no sea rentable el cereal en la provincia», ha asegurado.

En este sentido, también ha reprochado la «doble vara» de medir de la Unión Europea. «No sabemos de dónde vienen estos productos, con unos precios irrisorios y de ruina, mucho maíz viene de Brasil y el cereal creemos que de Rusia. Tampoco sabemos en qué condiciones se producen, ni su trazabilidad, ni qué productos fitosanitarios se han usado, también desconocemos el tema social, es decir, si en esos países se cumplen los acuerdos y tienen a los trabajadores con las condiciones mínimas de cualquier explotación».

De otro lado, Navarro ha asegurado que están sufriendo «graves problemas» con la fauna silvestre que, dice, «está asolando las cosechas, tanto de herbáceos como de leñosos». Todo ello después de un «problemático» verano de incendios, de los que ha culpado a la administración.

«Primero porque no limpia los montes, las cunetas o los caminos cuando toca, que es en invierno, además tampoco deja pasar la ganadería, y luego, además, nos criminalizan a los agricultores con el tema de la maquinaria», ha criticado.

NUEVA PAC

Respecto a la nueva PAC, Navarro ha criticado que «no viene a producir», alegando que «solo trae burocracia». «No sabemos qué es lo que pretenden, pero todo está encaminado a la Agenda 2030, con la que estamos totalmente en desacuerdo. El agricultor está desanimado, con pocas esperanzas y poco futuro», ha añadido.

Una situación que, señala, repercute en la falta de relevo generacional. «Por cada tres o cuatro agricultores que salen, solo entra uno, y, además, cada vez hay más problemas para que los jóvenes se incorporen al campo, no solo por la climatología y los altos costes, sino por la burocracia, como el nuevo cuaderno digital del campo, que solo es un problema más para los agricultores», ha finalizado.

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La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han firmado en Zaorejas (Guadalajara) un acuerdo de colaboración para la gestión integral por este organismo de cuenca del Centro de Interpretación ‘Río Tajo’, ubicado en dicha localidad.

Según ha informado en nota de prensa la CHT, ésta se encargará de la gestión integral del Centro de Interpretación, incluyendo los trabajos y tareas relacionados con el servicio de atención a los visitantes.

Para ello llevará a cabo la adecuación del centro y la actualización de la dotación expositiva, dando el servicio necesario para la atención al público. La inversión prevista en el Centro de Interpretación para los próximos cuatro años supera los 500.000 euros.

Al acto han asistido, además del consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero y Antonio Yáñez, presidente de la CHT, que firmaron el acuerdo, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido.

Las actividades que se desarrollarán en el Centro de Interpretación estarán relacionadas con la educación ambiental, a fin de proporcionar a los visitantes información tanto del río Tajo en términos generales, como de la Reserva Natural Fluvial y del Parque Natural del Alto Tajo, favoreciendo la difusión de los valores ambientales –geológicos, florísticos y faunísticos–, etnográficos y su relación con el medio hídrico de la cuenca del Tajo, resaltando la singularidad de su cabecera (Alto Tajo).

EDUCACIÓN AMBIENTAL

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, ha explicado que a través del Centro de Interpretación de Zaorejas, en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a través de la CHT, se van a llevar a cabo diferentes actividades de educación ambiental encaminadas a conocer las singularidades de un espacio natural protegido tan importante para Castilla-La Mancha como es el Parque Natural del Alto Tajo.

Estas actividades consistirán en dar a conocer a los visitantes del Centro de Interpretación la Reserva Natural Fluvial del Parque Natural, favoreciendo la difusión de los valores ambientales –geológicos, florísticos y faunísticos–, etnográficos y su relación con el medio hídrico de la cuenca, resaltando la singularidad de su cabecera (Alto Tajo), «para ello, vamos a trabajar de forma coordinada con el Ministerio», ha manifestado Escudero.

GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE EN LOS MONTES DEL ALTO TAJO

Posteriormente, acompañados por la alcaldesa de Peñalén y presidenta de la Mancomunidad, Esther Rubio, han visitado la zona de montes públicos de la Mancomunidad del Alto Tajo donde se están llevando a cabo trabajos de aprovechamiento de madera.

En febrero de 2022 se llevó a cabo la primera venta de madera por parte de la Mancomunidad, «un modelo de gestión conjunta que está siendo supervisado y pilotado por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible y la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, que ya está empezando a dar los primeros y positivos resultados», ha indicado el consejero. «El objetivo es dar un impulso a la gestión forestal de forma activa, dando mejor respuesta en el mercado por la oferta conjunta y obteniendo mayores beneficios para los ayuntamientos».

Además, como ha explicado, «se realiza sobre montes certificados con el sello de gestión forestal sostenible más exigente, como es el de FSC, que va a conferir mayor calidad y reconocimiento de esa madera y de los productos derivados en el mercado».

«La conexión entre el ciclo hidrológico y las masas forestales es fundamental y cobra especial sentido en las cabeceras hidrográficas como el Alto Tajo, ya que no habría cantidad y calidad de agua en esta zona sin unas masas forestales en estado óptimo, como las que estamos gestionando desde el Gobierno regional. Apostamos por la conservación y mejora del parque natural, por una gestión forestal sostenible que garantice el aprovechamiento y la conservación de los productos y servicios ecosistémicos de estos montes», ha apuntado José Luis Escudero.

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras asegurar que «claramente hay que autoengañarse mucho para no saber que lo que hicieron los independentistas fue una subversión del orden constitucional y eso no tiene vuelta de hoja», ha defendido que, una vez «se han roto las normas», se precisa de «una reacción judicial», pues a su entender «se trata de que Puigdemont vuelva a España, pero no con las manos en los bolsillos».

De este modo ha reaccionado García-Page, tras ser preguntado en Casarrubios del Monte (Toledo) por el decreto emitido por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que fija criterio en las revisiones de casos que se hagan a causa de la reforma penal que modificó la malversación, avalando que se mantengan las condenas dictadas con arreglo al artículo 432 del Código Penal vigente en 2015 porque dicha reforma «ha establecido idénticas penas de prisión e inhabilitación», lo que incluye a la sentencia del ‘procés’.

«Claramente hay que autoengañarse mucho para no saber que lo que hicieron los independentistas fue una subversión del orden constitucional, y eso no tiene vuelta de hoja. Ojalá no haya que volver a estos episodios y usar el diálogo. Pero la realidad es que las normas, una vez se han roto e incumplido, necesitan de una reacción judicial, porque Puigdemont no tiene más derechos que yo, tiene los mismos. Y si yo hiciera lo que hizo Puigdemont estaría donde tendría que estar él, porque se trata de que Puigdemont vuelva a España, pero no con las manos en los bolsillos».

Dicho esto, el titular del Ejecutivo regional ha mantenido que «el lucro no solo se mide en euros en la cuenta corriente de un banco, ni en criptomonedas», pues «el lucro es todo beneficio que signifique un enriquecimiento usando además medios y presupuestos para un fin claramente ilegal».

«Miren, lo que hicieron los independentistas lo hicieron a conciencia, porque estaban avisados de que era manifiestamente inconstitucional y manifiestamente ilegal, y lo hicieron con clara intención de saltarse las leyes. Y esto no tiene más vuelta de hoja», ha defendido García-Page.

«Soy partidario de que haya diálogo institucional, soluciones para todos. Yo entiendo que la realidad de Cataluña necesita de una explicación y una singularidad diferente a la de Castilla-La Mancha, pero, claro, la norma que rige este tema es la misma con la que yo soy presidente, la Constitución española. Dentro de la Constitución cabe hablar, pero siempre cumpliendo la Constitución y las leyes», ha concluido apelando.

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La directora general de formación Profesional, Mayte Company, ha detallado que 28 entidades y asociaciones de la Comunidad Autónoma han realizado diferentes aportaciones al nuevo Decreto de la Inspección de Educación que en estos momentos prepara el Gobierno de Emiliano García-Page.

Según ha detallado Company, de esas aportaciones, que han sido recibidas luego de un proceso de participación que se extendió entre el 23 de diciembre y el 9 de enero, han sido tenidas en cuenta un total de diez, las cuales iban enfocadas a temas como la educación inclusiva, la transparencia y el impacto en la gestión de actuaciones relacionadas con la evaluación.

El decreto en cuestión pretende regular la ordenación de la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma acorde a la normativa vigente; es decir, a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que fue modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, ha informado la Junta en un comunicado.

Todo esto lo ha adelantado la directora general de Formación Profesional antes de la inauguración de las ‘Jornadas Intermedias: La orientación profesional desde la FP Dual y la Inspección de Educación’, un acto que también ha contado con la participación de la inspectora general de Educación, Silvia Moratalla; y del delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes, entre otros asistentes.

En sus declaraciones, Mayte Company ha explicado que estas jornadas «pretenden formar a los inspectores de la región en la supervisión de la orientación profesional que se da en los centros educativos, con el objetivo de que los responsables encargados de esta función desarrollen, además de la orientación académica, otras vertientes de la misma como la profesional, la laboral y la vocacional en el alumnado con la finalidad de que esté capacitado para definir su propia carrera profesional».

LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Las jornadas, que se están celebrado en Guadalajara entre los días 25 y 26 de enero, y que han sido organizadas por el Servicio de Inspección y el Centro Regional de Formación del Profesorado (CRFP), están enmarcadas en el III Plan de impulso a la Formación Profesional de Castilla-La Mancha.

Pretenden evaluar el cumplimento de las funciones que la normativa atribuye tanto a los responsables de los centros educativos como a los orientadores. También buscan supervisar el acceso del alumnado y las familias a los recursos de orientación y asesorar a los responsables de la orientación y equipos directivos, procurando potenciar actuaciones que faciliten la calidad en la orientación profesional.

En su seno ha participado la totalidad del Servicio de Inspección de Castilla-La Mancha, 101 inspectores, además de importantes personalidades del mundo de la educación como la subdirectora general de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la vida de la Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio de Educación y FP, María Asunción Manzanares; o el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona, Marius Martínez; entre otros.

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