El Gobierno ha presentado un nuevo acuerdo para la mejora de las condiciones del empleo público, que se enmarca como un hito tanto social como político. El presidente Pedro Sánchez resumió la iniciativa con una frase contundente: “Con este acuerdo ganan los servidores públicos y gana la ciudadanía”. Este pacto incluye un incremento salarial del 11 % hasta el año 2028, así como medidas adicionales para promover la estabilidad profesional, la carrera y la formación de los empleados públicos.
El acuerdo fue firmado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, junto con los principales sindicatos del país. Se plantea como un avance hacia “un modelo de empleo público más contemporáneo” que busca abordar los retos del siglo XXI y las transformaciones tecnológicas. Sin embargo, también deja sin resolver un debate de fondo que surge en cada crisis: cómo debe ser el tamaño y la estructura del sector público en una economía que avanza hacia la digitalización.
Mientras el Gobierno insiste en que se están reforzando los servicios públicos y dignificando los salarios, numerosas voces advierten sobre la necesidad de ejecutar tareas pendientes, tales como la reducción de la burocracia, la eliminación de duplicidades entre administraciones y la adaptación de la plantilla a un nuevo contexto tecnológico.
La administración pública en España es un laberinto que incluye la Administración General del Estado, comunidades autónomas, diputaciones, cabildos y más de 8.000 ayuntamientos, junto con empresas públicas y consorcios. Esta complejidad a menudo se traduce en trámites duplicados y confusión para el ciudadano medio. Aunque se habla de modernización, la conversación suele quedar limitada a la digitalización de procesos, sin avanzar hacia una simplificación real de las estructuras administrativas.
El discurso oficial destaca la “valentía” de llevar a cabo la modernización de la Administración con apoyo tecnológico, pero el acuerdo se centra más en la formación y el desarrollo profesional que en la implementación de cambios estructurales. La inteligencia artificial y otras herramientas digitales podrían liberar a muchos empleados de tareas administrativas repetitivas, orientándolos hacia funciones de mayor valor, lo que permitiría una reestructuración del sector público hacia estructuras más eficientes.
Sin embargo, esta parte crítica del debate rara vez se aborda. La tecnología se presenta como una solución para mejorar la eficiencia, pero no se discute cómo eso podría impactar el crecimiento del aparato público en términos de costos y organización. El acuerdo salarial puede ser visto desde una óptica justa para quienes han sufrido la erosión de su poder adquisitivo, pero si no se acompañan de mejoras visibles en la agilidad de los servicios y en la reducción de la burocracia, el riesgo es que se profundice la desconexión entre lo prometido y lo que realmente experimenta el ciudadano.
Por último, la modernización de la administración no puede limitarse a aumentar salarios y a formar a los empleados. Se necesita un verdadero proceso de cirugía administrativa que abarque la simplificación, fusión y eliminación de duplicidades, para que el sector público responda eficazmente a las exigencias de una sociedad en continua evolución. La pregunta radica en si la política está dispuesta a ir más allá de las imágenes de acuerdos firmados y adentrarse en reformas estructurales que sustancialmente mejoren la funcionalidad de la administración pública.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
