El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (CERMI C-LM) está realizando un llamamiento urgente al Gobierno regional para establecer un convenio social que garantice la estabilidad y continuidad de las entidades que proveen servicios a personas con discapacidad en la región.
Cristina Gómez, presidenta de CERMI en Castilla-La Mancha, ha expresado su preocupación por la dependencia de las subvenciones públicas y el sistema competitivo de financiación, los cuales generan una gran incertidumbre, especialmente ante posibles cambios políticos. Gómez ha subrayado el serio riesgo que enfrenta la sostenibilidad del sector y ha destacado el impacto negativo que tienen el aumento de los costos operativos en las entidades, las cuales no cuentan con la capacidad financiera para aumentar los precios de los servicios que ofrecen a la población vulnerable.
Ante esta situación, CERMI destaca la necesidad de cambiar hacia un sistema de concertación social o financiación plurianual, alejándose del actual modelo basado en subvenciones anuales que provoca problemas cíclicos. La colaboración de CERMI se ofrece para llevar a cabo un estudio preciso de costes que contribuya a la culminación de este acuerdo en la presente legislatura.
Otro punto de preocupación para CERMI es la lentitud en el reconocimiento del grado de discapacidad en la región, con plazos que superan significativamente el tiempo legal establecido. Por ello, se hace un llamamiento a la Consejería de Hacienda para que proporcione los recursos humanos necesarios y así acortar estos tiempos.
Asimismo, CERMI hace hincapié en la necesidad de revisar y actualizar el sistema de dependencia, asegurando su adaptación a los cambios legislativos estatales y promoviendo la figura del asistente personal. También es esencial mejorar los procedimientos de valoración y actualizar el catálogo de prestaciones.
En el ámbito de la inclusión, CERMI señala la importancia de revisar y modernizar la ley de accesibilidad para reflejar las necesidades actuales. Además, en el frente del empleo, se propone incrementar la cuota de reserva para personas con discapacidad en el ámbito del empleo público.
Finalmente, el CERMI condena enérgicamente las prácticas abusivas contra personas con discapacidad, como la participación en la venta de papeletas de juego ilegal y el uso de contenciones mecánicas en ámbitos sanitarios y sociosanitarios, considerándolas formas de tortura conforme a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
En resumen, CERMI insta al Gobierno regional a tomar medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad y calidad de los servicios para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. Este llamamiento busca mejorar la vida de un sector de la población que merece una atención justa y equitativa.
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