El Consejo de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Castilla-La Mancha ha emergido como un actor crucial en la definición de un reciente decreto que regula las Entidades Colaboradoras de la Administración. Esta nueva normativa, concebida para reforzar el apoyo técnico a las entidades locales, principalmente aquellas de menor tamaño, subraya que no pretende reemplazar las competencias ni el principio de autoridad de la Administración pública.
El reciente decreto, que fue sancionado el pasado viernes y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, determina el régimen jurídico para estas entidades y desarrolla los preceptos establecidos en la Ley 4/2025 de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa. Con este marco legal, las entidades colaboradoras podrán actuar en diversos ámbitos, entre ellos el urbanismo, la gestión forestal, la evaluación ambiental, la economía circular, el patrimonio cultural, los servicios sociales y el turismo.
Según Rafael Santiago, presidente de COSITAL Castilla-La Mancha, esta normativa tiene como objetivo principal mejorar la capacidad técnica de las administraciones públicas, especialmente en áreas rurales, mediante una colaboración efectiva con entidades especializadas. Santiago destacó que se trata de un régimen público-privado, donde estas entidades proporcionarán apoyo técnico, contribuyendo a la optimización de procesos y mejorando la calidad técnica de los expedientes.
El decreto especifica que las funciones de las entidades colaboradoras se ceñirán a la elaboración de informes, certificaciones y asistencia técnica, dejando claro que no reemplazarán las competencias de la Administración, la cual mantendrá el control y supervisión de los procedimientos. «Esto no supone en ningún caso una dejación del principio de autoridad por parte de la Administración. Son entidades llamadas a colaborar con nosotros, no a sustituirnos», aclaró Santiago.
Inicialmente, el nuevo marco legislativo se centrará en el área de urbanismo, pero se expandirá a otros sectores como la gestión forestal, la calidad ambiental, la economía circular y la promoción empresarial, entre otros. Desde COSITAL Castilla-La Mancha se considera que esta normativa ofrece una oportunidad para optimizar la capacidad de gestión de los ayuntamientos, facilitando el acceso a recursos técnicos especializados, sobre todo para aquellas administraciones de menor tamaño que a menudo enfrentan limitaciones estructurales.
«Todo aquello que permita reforzar la capacidad técnica de nuestros ayuntamientos es bienvenido. Lo importante es que los municipios dispongan de más herramientas para prestar un mejor servicio a la ciudadanía, manteniendo siempre las garantías, el control administrativo y la seguridad jurídica», concluyó Rafael Santiago.
