La Audiencia Provincial de Zaragoza ha ratificado la condena impuesta a E.C., quien inicialmente había denunciado haber sido víctima de agresión sexual y despido injustificado en la agencia inmobiliaria Tecnocasa. La resolución judicial, que se consideró definitiva, estableció una multa de tres meses y una orden de alejamiento de 200 metros de su exjefe por un periodo de seis meses. Este fallo declaró culpable a E.C. de amenazar a su superior con una denuncia falsa, evidenciando que sus acusaciones de agresión sexual fueron parte de una estrategia de venganza tras su despido.
Los acontecimientos se desencadenaron en junio pasado, tras una convención celebrada en Santander, donde E.C. y su compañero M.G. fueron despedidos debido a su conducta inapropiada durante el evento. En respuesta a su despido, E.C. amenazó de manera directa a su exjefe, sugiriendo que lo acusaría de agresión sexual para perjudicar la imagen de Tecnocasa. La situación se complicó aún más tras la instalación de cámaras de vigilancia por parte del propietario de la oficina, que resultaron clave para registrar las amenazas realizadas por E.C.
El caso, que involucra falsas acusaciones de agresión, ha suscitado un amplio debate sobre el uso indebido de mecanismos legales diseñados para proteger a las verdaderas víctimas de violencia. La denuncia inicial de E.C., presentada como un incidente de sumisión química y agresión sexual, fue finalmente archivada tras la evaluación de las evidencias que demostraron la inexistencia de la agresión. La Fiscalía apoyó la conclusión del archivo y solicitó testimonio adicional para investigar la posibilidad de que se tratara de una denuncia falsa.
La sentencia no solo aborda las amenazas realizadas por E.C., que incluían comentarios como “va a quedar bonita la marca Tecnocasa”, sino que también pone de relieve las contradicciones en sus testimonios y comportamientos, que reforzaron la hipótesis de que sus acusaciones eran infundadas. A pesar de los intentos de E.C. por argumentar problemas psiquiátricos como defensa, la Audiencia desestimó todos sus alegatos.
Aunque la condena por amenazas es firme, el proceso judicial en torno a este caso no ha concluido. Aún quedan cuestiones por resolver, como la legalidad del despido de E.C. y las implicaciones de una posible causa por denuncia falsa. El desenlace de este caso podría establecer importantes precedentes sobre cómo se gestionan las acusaciones infundadas en el ámbito laboral y judicial.
Este episodio también pone de manifiesto la necesidad de un enfoque judicial riguroso que proteja a las víctimas genuinas de violencia, al tiempo que salvaguarda los derechos de aquellos que pueden ser víctimas de acusaciones injustas. Mientras el proceso sigue su curso, E.C. deberá afrontar las graves repercusiones legales y sociales derivadas de sus acciones.
