Castilla-La Mancha avanza en la regulación de la gestión de residuos orgánicos para la producción de biometano mediante un nuevo decreto que otorga un papel más relevante a los ayuntamientos en la instalación de nuevas plantas, aunque mantiene ciertas excepciones que podrían permitir a la Junta tomar decisiones finales en algunos casos. La organización Stop Ganadería Industrial C-LM ha indicado que de los 70 proyectos en tramitación, un 71% podría cumplir con las condiciones para ser considerados proyectos prioritarios, aunque esta declaración no es automática y requiere el cumplimiento de varios requisitos.
El proceso de participación pública para el borrador del decreto está abierto hasta el 24 de agosto, con la posibilidad de hacer aportaciones antes de que se cierre este periodo. Entre los puntos destacados de la nueva norma se encuentra la limitación del origen de los residuos tratados, donde se establece que al menos el 80% debe provenir de un área de 35 kilómetros alrededor de las instalaciones.
Uno de los temas más debatidos es la capacidad de decisión de los municipios sobre la instalación de estas plantas. Aunque el nuevo marco jurídico avanza en reconocer la voz de los ayuntamientos, no en todos los casos tendrán un poder absoluto. La figura de los proyectos prioritarios, regulada por la Ley 5/2020, plantea ciertas preocupaciones a los colectivos vecinales, ya que facilitaría que un gran número de proyectos se desarrollaran incluso en contra de la opinión local.
Además, se ha establecido que para obtener la declaración de proyecto prioritario, las instalaciones deben cumple con criterios específicos, incluyendo que al menos la mitad de los residuos tratados sean purines, vinazas o alperujos. La declaración tiene repercusiones significativas, ya que puede simplificar los trámites administrativos necesarios, lo que inquieta a las comunidades afectadas.
En relación con el digestato, el material resultante del proceso de digestión anaerobia, también se han expresado dudas sobre su manejo y la garantía de trazabilidad necesaria para su aplicación en la agricultura. Stop Ganadería Industrial ha argumentado que existen insuficiencias en el borrador, como las distancias establecidas de seguridad respecto a explotaciones ganaderas y captaciones de agua, y ha solicitado una mayor transparencia sobre el origen de los residuos.
La nueva regulación surge como respuesta a la amplia oposición que generó el anterior Plan Regional de Biometanización, que acumuló más de 15.000 alegaciones. Esta norma, aún en fase de discusión, deberá ser aprobada después del periodo de participación para esclarecer el rol de los ayuntamientos y las condiciones en las que se tramitarán los proyectos existentes y futuros.
Los ciudadanos y diversas organizaciones tienen la oportunidad de presentar sus aportaciones al texto hasta el 24 de agosto, y se espera que la versión final del decreto refleje un equilibrio entre el avance en la producción sostenible de biometano y la preocupación de las comunidades locales.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
