El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo en la lucha por facilitar el acceso a la vivienda, un problema que el presidente Pedro Sánchez considera uno de los más acuciantes que enfrenta la ciudadanía. En una reciente rueda de prensa, tras la reunión del Gabinete, Sánchez presentó dos reales decretos ley que buscan abordar esta cuestión, manteniendo la esencia de las propuestas presentadas el 29 de septiembre que no lograron ser convalidadas por el Congreso. Las nuevas medidas deben ser ratificadas por la Diputación Permanente del Congreso, tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.

Los dos reales decretos ley abarcan un total de 21 medidas distribuidas en cuatro objetivos principales. El primero de ellos se centra en facilitar el acceso al alquiler asequible y a la compra de vivienda. En este sentido, los inquilinos podrán desgravar parte de lo que pagan en alquiler en su declaración de la renta, mientras que los pequeños propietarios contarán con incentivos fiscales para alquilar a precios que se consideren asequibles. Además, se habilitará una línea de financiación de 10.000 millones de euros, destinada a ofrecer préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para facilitar la compra de la primera vivienda.

El segundo objetivo de estas iniciativas es incrementar la oferta de vivienda. Para ello, se destinarán 280 millones de euros a avales que fomenten la construcción industrializada y otros 400 millones de euros para apoyar a proveedores de vivienda social. La entidad pública Casa 47 llevará a cabo la adquisición de varios inmuebles de la Seguridad Social, con el fin de facilitar el acceso a viviendas para colectivos en situación de dificultad.

Por otro lado, se busca proporcionar mayor estabilidad a inquilinos y pequeños propietarios, prorrogando los contratos de alquiler hasta dos años para aquellos que se encuentren al corriente de pago y limitando las subidas de alquiler. No obstante, esta prórroga automática estará sujeta a la convalidación parlamentaria. Sánchez enfatizó la necesidad de establecer «reglas claras» en torno a la renovación y terminación de contratos, con lo que se busca proteger los derechos de los pequeños propietarios.

Finalmente, el cuarto objetivo es combatir la especulación inmobiliaria y regular el alquiler turístico. Se establecerán límites a la compra de viviendas por parte de ‘fondos buitre’ y se exigirá que los pisos turísticos cumplan con sus obligaciones fiscales adecuadamente.

En otros acuerdos del Consejo de Ministros, el Gobierno ha autorizado la tramitación urgente de un real decreto que garantiza información clara y adecuada sobre la interrupción voluntaria del embarazo. También se han incrementado las partidas para subvencionar seguros agrarios en 2026 y se han aprobado nuevas directrices para mejorar la protección civil frente a emergencias que involucren sustancias peligrosas y desastres naturales.