El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo al aprobar en segunda vuelta un proyecto de ley que busca reformar tanto la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia como la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Esta iniciativa incluye un reparto de 783,2 millones de euros a los gobiernos autonómicos, con el fin de financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha liderado la propuesta, que asignará 40.189.491 euros a Castilla-La Mancha para reforzar su sistema de dependencia. El ministro Pablo Bustinduy ha calificado este proyecto de «la reforma de mayor calado de esta legislatura», instando a los parlamentarios a ofrecer su apoyo unánime. Ha resaltado que un voto en contra perjudicaría a 4,2 millones de personas con discapacidad y 1,6 millones en situación de dependencia.
Entre las modificaciones más destacadas, se incluye el reconocimiento automático del 33% de discapacidad para quienes obtengan un grado I de Dependencia y la creación de una pasarela que permita a quienes tengan grado II o III obtener un 65% de discapacidad. Además, se garantizará la accesibilidad en el patrimonio cultural y se eliminarán incompatibilidades en las prestaciones de dependencia, así como el plazo suspensivo de dos años en las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar.
La reforma también amplía el servicio de ayuda a domicilio, proporcionando acompañamiento a personas en actividades fuera del hogar, y reconoce la teleasistencia como un derecho universal, que debe combinarse con otros tipos de apoyo. Entre los nuevos servicios, se incluirán cuidados en viviendas compartidas, préstamo de productos de apoyo y asistencia personal.
Asimismo, se establecen derechos adicionales para los usuarios, como el derecho a decidir sobre las prestaciones recibidas y a ser atendidos sin sujeciones físicas o farmacológicas. En caso de fallecimiento, se seguirá abonando la prestación económica por cuidados hasta el final del mes en que se produzca el deceso, reconociendo así el esfuerzo de los cuidadores.
Para asegurar la calidad de la atención, se prevé que los trabajadores del sector cuenten con condiciones laborales dignas, estimándose que se necesitarán al menos 260.000 profesionales adicionales en el Sistema de la Dependencia para el año 2030. También se incluyen procedimientos para agilizar la revisión del Programa Individual de Atención y mecanismos de urgencia para casos de especial vulnerabilidad.
En cuanto a la discapacidad, el proyecto promueve la accesibilidad universal de acuerdo al nuevo Artículo 49 de la Constitución Española, anticipando la creación de un Programa Estatal para financiar las intervenciones necesarias, como rampas o tecnologías de apoyo. Se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar ayudas económicas para obras de accesibilidad en edificios, y se asegura que las Juntas Arbitrales de Consumo trabajen en pro del acceso universal a los servicios públicos.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
