El Consejo de Ministros ha tomado una decisión significativa al aprobar un Real Decreto-ley con medidas urgentes en respuesta al conflicto en Oriente Medio. Esta iniciativa, que moviliza más de 5.000 millones de euros, se orienta a proporcionar apoyo tanto a empresas como a hogares españoles, beneficiando a alrededor de tres millones de empresas y 20 millones de familias en el país. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció desde La Moncloa que el decreto entrará en vigor de manera inmediata, con el propósito de mitigar el impacto económico del conflicto y acelerar la transición energética de España.

Sánchez subrayó el impacto económico que la guerra tiene sobre España y la responsabilidad de los líderes políticos en expresar su rechazo a la violencia. Resaltó que España se posiciona como el país de la Unión Europea con el mayor escudo social y económico para contrarrestar las repercusiones del conflicto.

Las medidas implementadas tendrán vigencia el tiempo necesario y podrán extenderse si la crisis lo justifica. El plan no solo responde a la urgencia provocada por la guerra, sino que también apunta a fortalecer la autonomía energética del país.

El presidente enumeró tres certezas que los ciudadanos pueden tener frente a la crisis: una mejor preparación de España, una movilización de recursos para proteger a la población y a las empresas y el fortalecimiento de la nación tras la adversidad. Además, hizo un llamado al cese inmediato del conflicto, enfatizando la importancia del respeto al derecho internacional y defendiendo la postura pacifista de España y la comunidad internacional.

En el ámbito fiscal, se han introducido notables reducciones en los impuestos relacionados con la energía. El IVA sobre los carburantes y la electricidad se reduce al 10%, mientras que se congelan los precios del butano y del propano. También se han destinado ayudas a sectores particularmente afectados, como la agricultura y la pesca. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se encargará de supervisar y sancionar posibles abusos, mientras que se ajustan los impuestos asociados a la electricidad para aliviar la carga a los consumidores. Además, se están implementando incentivos para promover la transición hacia vehículos eléctricos y la inversión en energías renovables a través de deducciones fiscales y bonificaciones.

El escudo social se extiende con descuentos en el bono social eléctrico y la prohibición de cortes en suministros básicos hasta 2026. Asimismo, se reduce en un 80% los peajes eléctricos para la industria electrointensiva. También se flexibilizan los contratos de suministro energético y se amplía la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA para el sector agroalimentario y pesquero.

En cuanto a la transición energética, el Gobierno busca robustecer la soberanía energética e incentivar la descarbonización y electrificación del país. Se proponen incentivos para el autoconsumo y el almacenamiento energético, y se fomentan las energías renovables. En este contexto, se amplía la distancia máxima permitida para el autoconsumo, se promueven comunidades energéticas locales y se incrementa la capacidad de almacenamiento eléctrico, todo ello con atención a criterios sociales y territoriales.