Vox se encuentra en una situación financiera crítica. El partido liderado por Santiago Abascal ha lanzado una campaña urgente para captar afiliados y recaudar fondos tras la sanción impuesta por el Tribunal de Cuentas, que asciende a 862.496,72 euros por irregularidades en su financiación. La formación, acusada de recibir donaciones en efectivo no identificadas entre 2018 y 2020, ha calificado la multa como un intento de «asfixia económica» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. «Es un ataque orquestado para silenciar nuestra voz», denuncian en un comunicado dirigido a sus simpatizantes.
La estrategia de Vox, que en los últimos años ha recurrido sistemáticamente a los tribunales como herramienta de oposición, se centra ahora en cuestionar la decisión del órgano fiscalizador. El partido ha comparado la sanción con episodios polémicos que afectaron a figuras de la derecha internacional, desde el intento de asesinato de Donald Trump hasta las sanciones contra la líder francesa Marine Le Pen. En un mensaje a sus bases, la formación enumera casos en Italia, Alemania y Rumanía para argumentar una supuesta persecución global contra la derecha.
El Tribunal de Cuentas determinó que Vox cometió una «infracción muy grave» al contabilizar como ingresos por merchandising lo que en realidad eran donaciones anónimas. La formación, que ha recurrido la resolución, tilda el fallo de «cacicada» y ha lanzado una campaña para vender sus productos, bautizados como «pulseras prohibidas», como símbolo de resistencia. «No es una multa, es una mordaza», insisten, acusando al Gobierno de utilizar la justicia como herramienta política.
La campaña de captación de afiliados llega en un momento delicado para la formación. Aunque Vox afirma contar con 66.949 inscritos, solo 35.901 están al corriente de pago, según su última memoria financiera. Los ingresos por cuotas, que alcanzaron los 5,1 millones de euros en 2021, han caído a 4,5 millones, lo que agudiza su necesidad de liquidez. La falta de transparencia sobre sus cifras actuales ha generado escepticismo, pero el partido insiste en que la sanción es un intento de «borrarlos del mapa político».
Mientras la polémica escalda el debate público, Vox intensifica su retórica contra el Gobierno, acusándolo de utilizar las instituciones para neutralizar a la oposición. «No nos callarán», advierten, en un mensaje que busca movilizar a su base en un contexto de incertidumbre financiera y polarización creciente.
