Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 32 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas detectados a través de PCR en la Comunidad Autónoma.

De los 32 nuevos casos, 16 son en la provincia de Toledo, 12 en la de Guadalajara y 4 en la de Ciudad Real.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 18.745.

Por provincias, Ciudad Real acumula 7.350 casos, Toledo 4.319, Albacete 4.074, Guadalajara 1.544 y Cuenca 1.458.

El número de hospitalizados por COVID-19 en cama convencional es 34.

Por provincias, Ciudad Real tiene 10 de estos pacientes (1 en el Hospital de Ciudad Real, 3 en el Hospital Mancha Centro, 1 en el Hospital de Valdepeñas, 3 en el Hospital de Tomelloso y 2 en el Hospital de Puertollano), Toledo 8 (7 en el Hospital de Toledo y 1 en el Hospital de Talavera), 7 en Guadalajara (todos ellos en el Hospital de Guadalajara), Albacete 4 (3 en el Hospital de Albacete y 1 en el de Villarrobledo) y 5 en Cuenca (todos en el Hospital de Cuenca).

El número de pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos y que necesitan respirador es 10, de ellos 4 en la provincia de Ciudad Real, 4 en Albacete y 1 en Toledo.

El número de altas acumuladas desde el inicio de la pandemia es 7.372.

Por provincias, Ciudad Real acumula 2.227 altas, Toledo 2.175, Albacete 1.505, Guadalajara 804 y Cuenca 661.

En las últimas 24 horas no se ha registrado ningún fallecimiento por COVID-19 en Castilla-La Mancha.

El número acumulado de fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia es 3.084.

Por provincias, Ciudad Real acumula 1.119 fallecidos por coronavirus, Toledo 807, Albacete 579, Cuenca 316 y Guadalajara 263.

Centros Sociosanitarios

249 Centros Sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen algún caso confirmado por infección de coronavirus.

De los 249 centros, 70 pertenecen a la provincia de Toledo, 64 a la de Ciudad Real, 43 a la de Cuenca, 38 a Guadalajara y 34 a Albacete.

El número acumulado de residentes con caso positivo desde el inicio de la pandemia es 7.413 y el número de fallecidos por COVID-19 es 1.340.

Brotes Riópar y Arroba de los Montes

Por otra parte, en las últimas horas la Dirección General de Salud Pública ha declarado dos nuevos brotes de ámbito comunitario, uno en la provincia de Albacete y otro en la de Ciudad Real.

En el caso de la provincia de Albacete, se trata de un brote comunitario detectado en un campamento juvenil en la localidad de Riópar, en el que actualmente hay confirmados tres casos positivos.

El pasado sábado, 25 de julio, se detectó un positivo en una de las monitoras del campamento, en el que había 62 niños. En ese momento, la Delegación Provincial de Sanidad en Albacete activa el protocolo correspondiente y el día siguiente se realiza toma de muestra a todos los niños y monitores del campamento.

Además, se contacta con los familiares de los niños que el viernes, antes de confirmarse el positivo, habían vuelto a sus localidades, con la instrucción de que se les realice la correspondiente prueba.

En la mañana del domingo un equipo de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario toma un total de 59 muestras y al mediodía se vacía el campamento, volviendo los niños a sus ciudades de origen, con medidas de aislamiento.

De las 59 PCR realizadas, dos han dado positivo y se está a la espera de repetir la prueba a uno de los niños.

Es importante destacar que se activó todo el protocolo de actuación de forma inmediata, y 16 horas después de conocerse el positivo de la monitora, se habían tomado todas las muestras a los niños y monitores del centro y avisado a sus familias para que volvieran a sus domicilios, con todas las medidas de seguridad.

Por otra parte, la Dirección General de Salud Pública ha confirmado un brote en la localidad ciudadrealeña de Arroba de los Montes, con más de una veintena de personas en investigación. Por el momento, siete de ellas han dado resultado positivo en las pruebas realizadas y tres negativas, estando pendientes los resultados de otras ocho y de la realización de PCR a cuatro más.

Recomendaciones

En caso de tener síntomas leves de Covid-19 las recomendaciones generales a la población son:

Quedarse en casa.
Solicitar cita telefónica con su médico.
Vigilar su estado de salud.
Medirse la temperatura.
Tomar antitérmicos habituales.
Extremar las medidas de higiene.
Evitar el contacto con las personas con las que se convive para evitar el contagio.

Es esencial extremar las medidas de higiene principalmente con el lavado de manos con jabón o gel hidroalcohólico, mantener una distancia de seguridad de, al menos 1,5 metros, el uso obligatorio de la mascarilla, además de taparse con el codo al toser o estornudar, usar pañuelos desechables y desinfectar las superficies de uso común.

El conjunto de medidas que se están tomando tienen como objetivo último frenar la expansión del coronavirus y proteger a los más vulnerables para lo que se necesita la implicación de toda la ciudadanía.

A través de la página https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus se ofrece toda la información disponible hasta el momento.

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El Consejo de Gobierno aprobó la Ley de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que será una de las legislaciones más avanzadas en materia de crear un marco adaptado a la realidad institucional, organizativa y patrimonial de la Administración regional, así como el instrumento idóneo para llevar adelante una gestión racional, eficaz y eficiente del patrimonio.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, adelantó en rueda de prensa la aprobación en la reunión del Consejo de Gobierno de este proyecto de ley, que será registrado en las Cortes regionales para así empezar con su correspondiente tramitación parlamentaria.

Una tramitación que Ruiz Molina se mostró confiado en que se pueda desarrollar sin dificultades de índole política o ideológica, al tratarse de una norma “de carácter estrictamente técnico”.

El Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es una de las instituciones jurídicas previstas en el Estatuto de Autonomía y, cumpliendo con el mandato estatutario, en 1985 se aprobó la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha, que fue desarrollada al año siguiente a través de un Decreto, por el cual se aprobó el reglamento para su aprobación.

Esta normativa se quedó obsoleta por los significativos cambios que se produjeron desde su promulgación hace 35 años, tanto en el ámbito normativo como en la propia configuración del patrimonio, lo que justifica la necesidad de aprobar una nueva Ley para gestión y administración del patrimonio, como explicó Ruiz Molina.

El proyecto de Ley que aprobó el Consejo de Gobierno tiene 138 artículos, que con más del doble de artículos de los que tiene la normativa actual, lo que, según resaltó Ruiz Molina, da una idea de hasta qué punto el nuevo marco normativo que impulsa el Gobierno de Emiliano García-Page es una de las legislaciones más avanzadas y modernas en la materia.

“Ello permitirá”, ha continuado, que Castilla-La Mancha cuente con “un marco regulatorio más completo, totalmente renovado, adaptado a las circunstancias actuales y acorde a la legislación básica del Estado en la materia”.

Adecuar la normativa patrimonial a la realidad institucional de la Junta de Comunidades

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas enumeró en la rueda de prensa los principales objetivos de la nueva ley, entre los que se encuentra acomodar la normativa patrimonial a la realidad institucional de la Junta de Comunidades y a la situación actual del patrimonio regional.

En este sentido, Ruiz Molina explicó que desde 1985, la Junta de Comunidades viene experimentando un fuerte desarrollo orgánico y competencial, y además el patrimonio del que dispone se incrementó de forma considerable, al asumir competencias y servicios públicos, con el correspondiente traspaso de los bienes patrimoniales.

Al respecto, añadió que de acuerdo al Inventario General de Bienes y Derechos, la Junta de Comunidades tiene 7.255 bienes inmuebles, 2.262 elementos de transporte y cerca de 750 bienes intangibles.

El segundo objetivo, en palabras de Ruiz Molina, es la actualización de la ley de acuerdo al marco normativo de carácter administrativo en el que se inserta la legislación patrimonio, que sufrió una transformación de gran alcance en estos 35 años, así como la adecuación de la legislación del patrimonio autonómico al ordenamiento general administrativo.

En tercer lugar, se pretende adaptar el contenido de la norma a las circunstancias actuales de la gestión patrimonial, incorporando nuevos contenidos y figuras jurídicas ya previstas en otras legislaciones que regulan el patrimonio público.

Y por último, el cuarto objetivo es fomentar la publicidad y la transparencia de la gestión patrimonial.

Nuevo régimen sancionador y regulación de los negocios jurídicos patrimoniales

La rueda de prensa del titular de Hacienda y Administraciones Públicas continuo con las principales novedades que incorpora la nueva normativa sobre el patrimonio, aunque, cómo resalto Ruiz Molina, se puede decir que es novedosa en su totalidad.

Entre estas novedades se encuentra la nueva regulación de los negocios jurídicos patrimoniales, es decir, aquellas cuestiones de derecho público relativas a la adquisición y enajenación de bienes y derechos por parte de la Junta de Comunidades.

También el proyecto de Ley establece el régimen jurídico de las autorizaciones y concesiones demaniales, de forma que se regulan los supuestos para legitimar el otorgamiento de las mismas, los nuevos plazos máximos, el régimen económico o el contenido mínimo de los pliegos de regulación.

Ruiz Molina explicó que también se regulan aspectos fundamentales de la tramitación de expedientes de investigación, deslinde y de recuperación de la posesión, ajustando la tramitación a las normas y principios del procedimiento administrativo común; al tiempo que se acomete un régimen sancionador completamente nuevo y que se adecúa a las prescripciones del resto de normativa administrativa.

También, es la primera vez que se aborda la utilización, planificación y coordinación de los edificios de uso administrativo o institucional de la Junta de Comunidades, con la finalidad de procurar un aprovechamiento más racional, eficaz y eficiente del parque de oficinas administrativas.

Por último, Ruiz Molina mencionó la regulación más completa, unitaria y actualizada del patrimonio empresarial de la Junta de Comunidades, con especial atención a empresas públicas, y la renovación de la reglamentación del Inventario General como otras de las novedades de esta ley.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas terminó la presentación del proyecto de Ley ante los medios de comunicación destacando que “la nueva norma acabará con el desajuste que en este momento se produce entre la actual legislación patrimonial de la región y la realidad actual de la Comunidad Autónoma, de mayor entidad y complejidad que en el año 1985 en el ámbito institucional, organizativo, competencial y, consecuentemente, patrimonial”.

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La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y el edil de Empleo y Promoción Económica, Francisco Rueda, han supervisado este miércoles las labores de adecentamiento urbano y desbroce que acometen trabajadores del Plan de Empleo municipal y han anunciado que “muy pronto” el Ayuntamiento convocará los talleres del programa de recualificación y reciclaje profesional (RECUAL) que integrarán otras 24 personas.

Con ello, según ha detallado el edil de Empleo serán “en torno a 300 personas” las contratadas por el Consistorio capitalino en programas de formación y empleo para septiembre u octubre y ejecutarán, tal y como ha adelantado, pequeñas obras de remodelación y acondicionamiento, principalmente en el Casco histórico de la ciudad y la Judería.

Estos talleres están destinados a personas desempleadas de más de 25 años y está previsto que empiecen el próximo mes de octubre con el objetivo de formar a las personas seleccionadas en “competencias y aptitudes con conocimientos básicos” de construcción y contratos de seis meses a jornada completa.

Plan de Empleo

Este anuncio ha tenido lugar durante la visita de la alcaldesa y el edil a la cuadrilla de trabajadores y trabajadoras que ejecutan desbroces y tareas de limpieza en la CM-4000, a la altura del Hotel La Bastida, donde realizan el adecentamiento de la mediana que separa esta vía con los accesos a la urbanización. En esta actuación participan seis peones y un oficial y está previsto que las labores se prolonguen hasta el próximo viernes.

El Plan de Empleo de este año ha sido calificado por Francisco Rueda como “un poco excepcional” debido a la situación de crisis derivada de la Covid. No obstante, estas circunstancias no han impedido que el Ayuntamiento mantenga su compromiso inicial y hasta la fecha se han incorporado ya a este plan un total de 175 personas y está previsto que otros 45 lo hagan próximamente.

“La incorporación está siendo mucho más lenta debido al estado de alarma. Cuando empezó, teníamos a diez personas contratadas y a partir de junio fueron incorporándose el resto de manera paulatina”. Garantizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras ha sido otras de las cuestiones más importantes del presente plan y es que, tal y como ha detallado el edil, se han realizado test y pruebas diarias de temperatura a los integrantes de este programa, evitando en todo caso grandes grupos y procurando que los trabajos siempre se realicen al aire libre.

Entrando en detalle, Rueda ha explicado que de las 175 personas incorporadas hasta la fecha, 103 son mujeres, 67 están en riesgo de exclusión social y 18 tienen alguna discapacidad. “A esto –ha añadido- hay que sumar 27 mujeres víctimas de violencia de género que se suman a otras nueve de un programa enmarcado en el Pacto de Estado contra la violencia de género”, con lo que cuál son 35 mujeres víctimas de violencia de género las que forman parte de los planes de empleo municipales.

Con respecto a las tareas, este año se ha priorizado aquellas relacionadas con el medio ambiente, esto es, desbroces, limpieza de zonas verdes y ajardinadas y también pintura de bancos. En cualquier caso, se trata de actuaciones “solicitadas por los vecinos” puesto que, tal y como ha recordado el edil, el Gobierno local se reunió en febrero con ellos para profundizar y estudiar sus necesidades dentro de este ámbito.

Hasta la fecha, los trabajadores del Plan de Empleo han realizado un total de 46 actuaciones medioambientales en todos los barrios de la ciudad, se han pintado un total de 246 bancos de madera y de hierro y se han acometido otras tantas labores de albañilería y limpieza.

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El Consejo de Gobierno autorizó la formalización de una operación de préstamo a largo plazo con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, por un importe máximo de 150 millones de euros, que estará destinado a la financiación de aportes que debe hacer la Comunidad Autónoma a proyectos de inversión que se cofinancian a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Programa de Desarrollo Rural (PDR).

Así lo anunció el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina en una rueda de prensa ofrecida junto a la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, para informar acerca de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno de esta semana.

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas negoció con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa esta operación, solicitando en febrero al Ministerio de Hacienda autorización para su formalización, cumpliendo la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Esta operación, autorizada por el Consejo de Ministros el pasado 14 de julio, podrá ascenderé a un importe máximo de 150 millones, con un plazo de devolución de 10 años como máximo.

Según lo explicado por Ruiz Molina, el importe del préstamo se destinará a financiar la aportación que debe hacer la Comunidad Autónoma a proyectos de inversión que se cofinancian mediante los fondos FEDER y PDR y que asciende al 20 por ciento del total de la inversión.

Los proyectos, subrayó Ruiz Molina, son algunas de las principales actuaciones que se van a llevar adelante en los próximos años para mejorar la dotación de infraestructuras sanitarias y sociales de la región o aquellas encaminadas a aumentar el uso de las energías renovables en edificios e infraestructuras públicas.

Tipos de interés más bajos y diversificación de las fuentes de financiación

El Gobierno de Castilla-La Mancha decidió optar por esta vía de financiación a largo plazo porque permite obtener unos tipos de interés más bajos, lo que permite un menor coste financiero para la Junta de Comunidades.

Otra de las ventajas, resaltadas por el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, es la diversificación de las fuentes de financiación de la región, para no depender únicamente de la financiación a largo plazo que facilita a la Comunidad Autónoma el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

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El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que será una de las legislaciones más avanzadas en la materia para lograr un marco adaptado a la realidad institucional, organizativa y patrimonial de la Administración regional, así como un instrumento idóneo para llevar a cabo una gestión más racional, eficaz y eficiente de dicho patrimonio.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha avanzado en rueda de prensa la aprobación en la reunión de ayer del Consejo de Gobierno de este proyecto de ley, que será registrado inmediatamente en las Cortes regionales para comenzar con su correspondiente tramitación parlamentaria.

Una tramitación que Ruiz Molina se ha mostrado confiado en que se desarrolle sin dificultades de índole política o ideológica, al tratarse de una norma “de carácter estrictamente técnico”.

El Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es una de las instituciones jurídicas previstas en el Estatuto de Autonomía y, cumpliendo con el mandato estatutario, en 1985 se aprobó la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha, que fue desarrollada al año siguiente mediante un Decreto, por el que se aprobó el reglamento para su aplicación.

Esta normativa se ha quedado obsoleta por los significativos cambios que se han producido desde su promulgación hace 35 años, tanto en el ámbito normativo como en la propia configuración del patrimonio, lo que justifica la necesidad de aprobar una nueva Ley para la gestión y administración del patrimonio, ha explicado Ruiz Molina.

El proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Gobierno consta de 138 artículos, que son más del doble de artículos de los que tiene la actual normativa, lo que, según ha resaltado Ruiz Molina, da una idea de hasta qué punto el nuevo marco normativo que impulsa el Gobierno de Emiliano García-Page es una de las legislaciones más avanzadas y novedosas en la materia.

“Ello permitirá”, ha continuado, que Castilla-La Mancha cuente con “un marco regulatorio más completo, totalmente renovado, adaptado a las circunstancias actuales y acorde a la legislación básica del Estado en la materia”.

Adecuar la normativa patrimonial a la realidad institucional de la Junta de Comunidades

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha enumerado durante la rueda de prensa los principales objetivos de esta nueva ley, entre los que se encuentra acomodar la normativa patrimonial a la realidad institucional de la Junta de Comunidades y a la actual situación del patrimonio regional.

En este sentido, Ruiz Molina ha explicado que desde 1985 la Junta de Comunidades ha experimentado un fuerte desarrollo tanto orgánico como competencial y, además, el patrimonio del que dispone se ha incrementado considerablemente, al asumir competencias y servicios públicos, con el correspondiente traspaso de los bienes patrimoniales.

Al respecto ha añadido que, según el Inventario General de Bienes y Derechos, la Junta de Comunidades cuenta con 7.255 bienes inmuebles, 2.262 elementos de transporte o cerca de 750 bienes intangibles.

El segundo de los objetivos, en palabras de Ruiz Molina, es actualizar esta ley de acuerdo con el marco normativo de carácter administrativo en el que se inserta la legislación patrimonial, que ha sufrido una transformación de gran alcance en estos 35 años, así como adecuar la legislación del patrimonio autonómico al ordenamiento general administrativo.

En tercer lugar, se pretende adaptar el contenido de la norma a las circunstancias actuales de la gestión patrimonial, incorporando nuevos contenidos y figuras jurídicas ya previstas en otras legislaciones reguladoras del patrimonio público.

Y, finalmente, el cuarto objetivo es fomentar la publicidad y la transparencia de la gestión patrimonial.

Nuevo régimen sancionador y regulación de los negocios jurídicos patrimoniales

La rueda de prensa del titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha continuado con las principales novedades que incorpora la nueva normativa sobre patrimonio, aunque, según ha resaltado Ruiz Molina, puede decirse que es novedosa en su totalidad.

Entre estas novedades se encuentra la nueva regulación de los negocios jurídicos patrimoniales, es decir, aquellas cuestiones de derecho público relativas a la adquisición y enajenación de bienes y derechos por parte de la Junta de Comunidades.

También el proyecto de Ley establece el régimen jurídico de las autorizaciones y concesiones demaniales, de tal forma que se regulan los supuestos que legitiman el otorgamiento de las mismas, los nuevos plazos máximos, el régimen económico o el contenido mínimo de los pliegos reguladores.

Ruiz Molina ha explicado que también se regulan los aspectos fundamentales de la tramitación de los expedientes de investigación, deslinde y de recuperación de la posesión, ajustando dicha tramitación a las normas y principios del procedimiento administrativo común; al tiempo que se acomete un régimen sancionador completamente nuevo y que se adecúa a las prescripciones del resto de normativa administrativa.

Además, por primera vez se aborda la utilización, planificación y coordinación de los edificios de uso administrativo o institucional de la Junta de Comunidades, con la finalidad de procurar un aprovechamiento más racional, eficaz y eficiente del parque de oficinas administrativas.

Finalmente, Ruiz Molina ha mencionado la regulación más completa, unitaria y actualizada del patrimonio empresarial de la Junta de Comunidades, con especial atención a las empresas públicas, y la renovación de la reglamentación del Inventario General como otras de las novedades de esta ley.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha finalizado la presentación del proyecto de Ley ante los medios de comunicación destacando que “la nueva norma acabará con el desajuste que en este momento se produce entre la actual legislación patrimonial de la región y la realidad actual de la Comunidad Autónoma, de mayor entidad y complejidad que en el año 1985 en el ámbito institucional, organizativo, competencial y, consecuentemente, patrimonial”.

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El presidente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Alejandro Ruiz, manifestó en su intervención en el pleno de las Cortes que es necesario que la Administración “debe generar seguridad jurídica a los empleadores que van a hacer frente dentro de unos días a sus campañas” y ha instado a los Gobiernos regional y central a que “incremente los controles de movimiento, los medios convenientes de salubridad, y los espacios en sus instalaciones, donde los temporeros que acudirán a las campañas agrícolas de la región, van a permanecer durante el tiempo que dure su trabajo”.

Todas las peticiones que manifestó el diputado regional están centrados en la realidad de la llegada masiva de trabajadores temporales a los campos castellanomanchegos y englobados en una prevención ante la situación de pandemia que estamos viviendo. Por eso, Ruiz ha querido dejar en claro la postura de Ciudadanos, y pidió que “no sólo se controle a nivel Castilla-La Mancha, si no que ese control se eleve al Gobierno central, ya que de nada servirán los controles internos si las fronteras son un coladero”.

El aumento de test para detectar portadores asintomáticos, refuerzo humano y de material a los centros de atención primaria, “que son los que viven en primera línea de fuego”, control de positivos y personas vinculadas a ellos, para proceder a un aislamiento, así como “coordinar y diseñar un plan de actuación conjunto con entidades locales, delegación de gobierno y diputaciones provinciales para dar respuesta rápida a los problemas de salud que presenten los trabajadores” son algunas de las medidas que ha propuesto la formación de centro y que ha trasladado el presidente del grupo parlamentario al hemiciclo.

Otro de los problemas que planteó el diputado de Ciudadanos es el tema de los rastreadores, de los cuales ha recriminado al Consejero de Agricultura que “somos altamente ineficaces en cuanto al rastreo que se realiza en Castilla-La Mancha, ya que se nos escapan dos de cada tres, sin que el gobierno haga nada por mejorar su labor”.
Fijando posición, el presidente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos dejó en clara su pretensión de que el Gobierno regional “se adelante a los acontecimientos” teniendo claro que “ya llegamos tarde para dar seguridad a nuestros empresarios”

“No somos adivinos, somos previsores”

Amparado en los acontecimientos que se sucedieron en la ciudad de Albacete el pasado 19 de julio, Ruiz volvió a alabar el trabajo realizado por el equipo municipal de la ciudad, con Vicente Casañ a la cabeza y la buena “disposición del resto de grupos del consistorio albaceteño para solucionar el problema que tenían en ciernes”. En relación a esta cuestión, Ruiz ha querido poner sobre la mesa la capacidad de previsión de su equipo y como desde el grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes ya se presentó este debate “antes incluso de que se sucedieran los acontecimientos en Albacete”, demostrando con ello que Ciudadanos no actúa como el Gobierno regional cuya “actitud suele ser más de reacción, que de previsión”.

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Las labores de prospección no invasiva con georradar en la parcela delimitada por la calle Molinero, la avenida de Carlos III y la avenida de América en el barrio de Santa Teresa va a motivar del 2 al 5 de agosto el cierre temporal por áreas del aparcamiento disuasorio sito en esta zona.

Así, este miércoles, 29 de julio, ha comenzado una campaña informativa con señalética y carteles en la zona para comunicar a los usuarios del aparcamiento que del 2 al 5 de agosto no estará permitido el estacionamiento en esta área que será objeto de estudio.

De esta forma, el aparcamiento se delimitará en dos zonas y fases para que los usuarios puedan seguir haciendo uso del mismo. La primera zona que se cerrará al público será el área adoquinada el 2 de agosto, domingo, y quedará habilitada como zona de aparcamiento el área de gravilla con acceso directo desde la avenida Carlos III.

En la segunda fase se abrirá al público el aparcamiento adoquinado con acceso desde la calle Molineros y se cerrará el área de gravilla para facilitar las labores de prospección con georradar de esta segunda zona el lunes 3 de agosto. Será la zona de adoquines la que quede habilitada desde el lunes y hasta el miércoles, 5 de agosto, como área de aparcamiento mientras se desarrollan los trabajos sobre la superficie restante.

Mientras se llevan a cabo los trabajos se informará a los usuarios de los accesos habilitados en el aparcamiento como entradas alternativas, que tal y como se ha reseñado serán: la avenida Carlos III el domingo, 2 de agosto, y la calle Molinero del 3 al 5 de agosto, es decir, de lunes a miércoles.

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El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha lamentado hoy que “una vez más” el Partido Popular “llega tarde” al proponer la creación de una reserva estratégica de material sanitario, recordando que ya el pasado 20 de mayo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció la intención del Ejecutivo regional de regular por Ley esta cuestión.

“Este Gobierno no ha dejado de trabajar desde entonces y estamos en condiciones en breve de presentar ante esta Cámara para su tramitación por el procedimiento de urgencia la mencionada ley de reserva estratégica de material sanitario”, ha indicado Fernández Sanz durante el debate de una Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular relacionada precisamente con la creación de esta reserva estratégica.

El titular de Sanidad ha reiterado que la creación de esta reserva será aprobada mediante una Proposición de Ley acordada entre el Gobierno regional y los grupos parlamentarios del PSOE y Cs en las Cortes de Castilla-La Mancha, tramitándose en esta Cámara por la vía de urgencia para que sea aprobada a lo largo del mes de agosto.

Fernández Sanz ha indicado que este documento emana de los trabajos realizados en el marco del Pacto por la Recuperación de Castilla-La Mancha, donde el Gobierno, junto a los grupos parlamentarios PSOE y Ciudadanos, han ido trasladando sus respectivas experiencias y las demandas recibidas desde múltiples actores públicos y privados con el deseo de mejorar la región.

“Unos trabajos a los que podrían haberse sumado si entre sus objetivos estuviera aportar algo a la vida política, económica y social de nuestra región”, ha manifestado el consejero de Sanidad, quien ha insistido en que “Castilla-La Mancha no les puede esperar ya que llegan tarde y por supuesto saben mucho de todo, siempre, una vez que ha sucedido”.

En el marco de la nueva normativa se pondrá en marcha una reserva estratégica de material sanitario que incluirá equipos de protección individual, productos de técnicas diagnósticas, medicamentos y equipamiento tecnológico “que harán de nuestra Comunidad Autónoma una región pionera en nuestro país en esta materia”.

Esta nueva Ley tendrá como ejes centrales el establecimiento de una reserva estratégica de material y equipamiento sanitario; la obligación de los centros sanitarios, sociosanitarios y sociales, tanto públicos como privados, de dotarse de unas existencias mínimas para un período de 120 días; y la creación de una Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha para su gestión.

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En su sesión ordinaria de la presente semana la Junta de Gobierno Local, presidida por la alcaldesa Milagros Tolón Jaime, ha estudiado 26 expedientes, entre los que destaca una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en el personal funcionario del Ayuntamiento, afectando la misma, en su mayor parte, a la Policía Local, creándose una plaza de inspector, dos de subinspector, cuatro de oficiales y dieciséis de policías locales, declarándose a extinguir dieciséis plazas de agentes de movilidad.

Esta modificación, en lo relativo a la Policía Local, responde a los acuerdos firmados hace unos meses entre el gobierno municipal y los representantes sindicales

Además de a la Policía Local, la modificación afecta a puestos de trabajo en otras áreas municipales: Secretaría General (puesto de coordinador de distrito), Régimen Interior (técnico-jefe de prevención de riesgos laborales), Tesorería (técnico de recursos y reclamaciones) Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos (jefe del Área funcional de Urbanismo), Movilidad, Seguridad Ciudadana y Protección Civil y Participación (coordinador de Emergencias, Seguridad Ciudadana y Protección Civil).

En el apartado de Urbanismo se han concedido licencias de obras a la empresa “CANÓNIGOS LUZ TOLEDO 2020 S.L.” para la construcción de 13 viviendas, garaje, trasteros y piscina en el Paseo de los Canónigos números 12 y 14; a la Comunidad de Propietarios “Parcela M-18 A” para instalar placas solares para autoconsumo en inmueble ubicado en la calle Río Mesa, 1; y a don Pablo Castro Sánchez para construcción de edificio de cuatro viviendas en la calle Alamillos de San Martín, 17.

Se ha adjudicado a la empresa “ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS S.L.”, por la cantidad de 70.785 euros, la prestación del servicio de riego de arbolado viario durante los años 2020-2023 y se ha aprobado el inicio del expediente de contratación de servicio de sistema de comunicaciones de emergencia para el área de Policía Local y Movilidad, siendo su tipo de licitación de 140.000 euros.

Se han fijado como fiestas locales para el año 2021, los días 23 de enero, San Ildefonso, y 5 de abril, Lunes de Pascua. En caso de que la segunda de estas fechas coincidiese con alguna de las fiestas de ámbito regional pendiente de fijar por la Junta de Comunidades, se trasladaría al 19 de marzo, San José.

Destacar, por último, la aprobación del programa de actividades de ocio juvenil “Toledo Alterna”, que se celebrará durante el mes de agosto, ascendiendo su presupuesto a 15.000 euros.

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