Castilla-La Mancha alega contra Ley de Bienestar Animal al entender que genera “inconvenientes” en la ganadería y la actividad cinegética

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha vuelto a cuestionar hoy el anteproyecto de Ley de Bienestar Animal del Gobierno central al entender que “generará inconvenientes importantes en sectores importantes de la actividad económica de nuestra Comunidad Autónoma, como la ganadería o la actividad cinegética”.

Martínez Guijarro, que ha comparecido en rueda de prensa en Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real) donde se reúne el Ejecutivo autonómico para planificar su gestión de cara al final de legislatura, ha detallado las alegaciones remitidas al Gobierno de la nación por parte de Castilla-La Mancha a este anteproyecto de Ley que “nos preocupa”.

Entre ellas, ha citado que no contempla un tratamiento diferenciado para animales que se dedican al pastoreo, la guarda o la actividad cinegética, sino que “se toman una serie de decisiones que perjudican a estas actividades y que muestran un desconocimiento de la realidad del medio rural”.

Asimismo, Martínez Guijarro ha criticado que el texto incluye la prohibición de usar un animal para ninguna actividad en una edad inferior a los 18 meses, “cuando si se quieren usar para el pastoreo o la guarda, el proceso de aprendizaje debe iniciarse mucho antes”.

El vicepresidente ha reiterado el “profundo desacuerdo” del Ejecutivo de Emiliano García-Page con el texto que “invade competencias de las comunidades autónomas”, toda vez -ha recordado- que el margen del Estado es la elaboración de una ley de bases, de una armonización de la norma, “pero el anteproyecto va mucho más allá y excede con mucho las competencias que tiene en materia de bienestar animal”.

Un anteproyecto de Ley que, según ha apuntado el vicepresidente, “rezuma una desconfianza brutal hacia el modo de vida del medio rural”, está hecho “desde una visión urbanita que para nada tiene en cuenta la realidad del medio rural” y que impone obligaciones a comunidades autónomas y ayuntamientos “pero no contempla financiación para ello”.

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