El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo al remitir a las Cortes el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado la importancia de esta norma, que busca abordar de manera integral las vivencias de las víctimas y colocar a España a la vanguardia en la lucha contra la violencia de género. Redondo ha subrayado que el texto establece de manera contundente que la violencia vicaria es, en efecto, violencia de género, en un contexto donde esta forma de maltrato a menudo es negada. Desde 2013, 68 niños han sido asesinados a causa de esta forma de violencia, con tres de esos casos ocurriendo este año. La ministra ha enfatizado que la nueva ley respeta el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, anticipando un procedimiento legislativo rápido para su aprobación en esta legislatura.
El proyecto introduce cambios en un total de diez normas, incluyendo la Ley Integral contra la Violencia de Género, para proporcionar una protección global a las víctimas. Define la violencia vicaria como aquella que se ejerce contra la mujer a través de una persona interpuesta, ampliando el rango de sujetos que pueden ser considerados víctimas directas, como hijos, descendientes, y otros familiares cercanos. Además, se implementan cambios en el Código Penal para incluir la violencia vicaria como una agravante en delitos de género, así como penas accesorias que prohiben la difusión de información relacionada con los actos ilícitos.
Desde el ámbito civil, la legislación plantea una alineación entre la jurisdicción civil y penal, incluyendo la privación automática de la patria potestad en casos de condenas firmes por delitos graves contra la madre o los hijos. Se hace hincapié en que un maltratador no puede ser considerado un buen padre, permitiéndose la recuperación de la patria potestad únicamente tras la cancelación total de antecedentes penales. También se contemplan limitaciones a la custodia y el régimen de visitas durante procedimientos por violencia de género o vicaria, garantizando, además, que se escuche la voz de los menores implicados.
El Consejo de Ministros ha aprobado la asignación de 904 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar la dependencia, con criterios que buscan reducir listas de espera y mejorar condiciones laborales. Esta partida se suma a fondos extraordinarios, alcanzando un total estimado de 5.513 millones este año y 7.239 millones el próximo, en un esfuerzo por reformar el sistema de cuidados y fortalecer los derechos de las personas mayores.
En otro ámbito, se presentó un proyecto para digitalizar y modernizar el sector financiero, alineando la legislación nacional con la europea, y abordando áreas como la ciberseguridad y la normativa de pagos. Asimismo, se aprobó la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, orientada a desarrollar el medio rural y garantizar igualdad de oportunidades, con un enfoque en la digitalización y la movilidad.
Adicionalmente, se autorizó una ayuda de 60 millones de euros para 78 municipios afectados por la DANA, con el fin de adaptar infraestructuras y servicios ante riesgos de inundaciones. En relación a la actualidad, la ministra Saiz expresó el «profundo pesar» del Gobierno por las 13 víctimas del incendio en Los Gallardos, destacando la labor de los efectivos involucrados en la extinción y la necesidad de una gestión preventiva de incendios.
Por último, se anunció la inminente eliminación de la verja fronteriza con Gibraltar, marcando una nueva etapa de cooperación y permitiendo la implementación de un protocolo de coordinación en materia de Seguridad Social entre España y Gibraltar, garantizando así derechos a los trabajadores transfronterizos.
