La Guardia Civil de Ciudad Real ha desvelado una impactante estafa que afecta a una empresa de Herencia, donde el director financiero, cuya desaparición fue el primer indicio de actividad ilícita, habría orquestado un fraude a gran escala. La operación, denominada Broken Trust, ha revelado que el sospechoso realizó un total de 44 transferencias fraudulentas que suman un monto de 53.000 euros a cuentas bancarias de su propiedad.
La investigación se inició en octubre, cuando un representante de la empresa alertó a las autoridades sobre la inusual desaparición de su director financiero. Este suceso, que carecía de justificación, llevó a la Guardia Civil a sospechar de una posible acción criminal. Una auditoría de las finanzas de la compañía permitió descubrir movimientos irregulares en las cuentas, lo que condujo a la presentación formal de una denuncia.
A medida que avanzaron las pesquisas, se corroboró que el director financiero había conseguido acceder a su puesto utilizando documentación falsificada, en la que presentaba una supuesta cualificación profesional alta en el ámbito financiero. Con esta apariencia, logró ser contratado, obteniendo acceso a información confidencial y a las claves necesarias para manejar las operaciones bancarias.
Los investigadores determinaron que el modus operandi del sospechoso consistía en disimular sus transferencias a cuentas personales entre los pagos rutinarios que la empresa realizaba. Mediante el uso de conceptos predeterminados en las transacciones, intentaba eludir los controles de seguridad establecidos por la compañía, lo que dificultaba la detección de su actividad delictiva.
Hasta el momento, se han identificado 44 transferencias fraudulentas, destacando la complejidad del esquema que utilizó para llevar a cabo el desvío de fondos. Los esfuerzos de la Guardia Civil también han permitido bloquear una parte del dinero involucrado, aunque no se ha especificado la cantidad exacta inmovilizada.
La operation Broken Trust está siendo investigada por el Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos (EDITE) y el Equipo @ de la Policía Judicial, quienes trabajan para esclarecer los pormenores de las transacciones y los mecanismos utilizados para ocultar el fraude. El caso está bajo la jurisdicción del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan, donde se continúa trabajando en la resolución de este escandaloso episodio de desfalco empresarial.
