Grupo Castilla ha lanzado una nueva unidad de consultoría en normativa laboral durante el evento Factor Humano Madrid, con el objetivo de apoyar a las empresas españolas en su adaptación a la Directiva Europea de Transparencia Retributiva. La iniciativa permitirá a la empresa proyectar una facturación adicional de 3 millones de euros para el año 2028.
La nueva normativa, que será obligatoria para todos los Estados miembros a partir del 7 de junio de 2026, demanda a las empresas la divulgación de los rangos salariales en sus ofertas de empleo. Además, establece la reducción del margen de tolerancia en las bandas retributivas, que pasará del 25 % actual al 5 %, y refuerza las auditorías internas para identificar diferencias salariales injustificadas entre hombres y mujeres.
El servicio que presenta Grupo Castilla combina su plataforma de gestión del capital humano (HCM) con consultoría en áreas clave como el registro salarial, la auditoría retributiva, el análisis de equidad y el diseño de bandas salariales. José María García, director del área de Servicios y BPO, ha destacado que su enfoque integral, sin intermediarios, garantiza mayor calidad y trazabilidad de los datos.
Noelia Jiménez, responsable de esta nueva unidad, ha subrayado la importancia de este lanzamiento en relación con la brecha salarial en España, que actualmente se sitúa en un 15,74 %, según el Instituto de las Mujeres. Esta nueva regulación europea tiene como finalidad disminuir dicha brecha a través de una mayor transparencia, así como establecer sanciones para los incumplimientos.
Entre las obligaciones que impondrá la Directiva 2023/970, se destaca la exigencia de proporcionar a los empleados información sobre los niveles salariales medios desglosados por sexo y la obligación de publicar las brechas salariales que excedan determinados umbrales. Los incumplimientos graves pueden conllevar multas de hasta 225.000 euros, además de complicaciones legales para las empresas que incurran en discriminación salarial.
En el contexto español, las empresas ya están obligadas a llevar un registro salarial según el Real Decreto 902/2020, pero la nueva directiva amplía notablemente esas obligaciones. La Unión Europea ha reiterado su llamado a los Estados miembros para cerrar la brecha salarial y de pensiones, alineándose con el calendario establecido para la transposición de la normativa.
Por otro lado, en Castilla-La Mancha, el Gobierno regional está promoviendo diversas iniciativas, incluyendo una convocatoria de ayudas de hasta 50.000 euros, destinadas a proyectos que busquen reducir las brechas de género en el ámbito laboral, dirigidos a empresas y entidades sin ánimo de lucro.
Grupo Castilla, que fue fundado en 1979, cuenta actualmente con más de 4.200 clientes y tiene como meta alcanzar una facturación de 41 millones de euros para el año 2026. La transición de la compañía desde la provisión de software de nómina y recursos humanos a una consultoría integral refleja su adaptación a las crecientes exigencias de la regulación europea y al compromiso de las empresas con la transparencia y la igualdad en el entorno laboral.
