El Consejo de Ministros ha tomado la decisión de aprobar dos reales decretos ley orientados a fortalecer el Estado social, adaptándolo a las demandas actuales y reconociendo la labor de los cuidadores, en su mayoría mujeres. Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales, resaltó que el primer decreto busca reforzar la protección de las familias con mayores necesidades, lo que incluye la asignación de 824 millones de euros destinados a beneficiar a más de 760,000 familias.
El primer decreto concede un título oficial a las familias monomarentales, permitiendo acceso a beneficios laborales, ayudas económicas y servicios sociales. Asimismo, se ofrecerá un apoyo similar a las familias con discapacidad, que recibirán deducciones fiscales significativas. Se prevé que estos cambios afecten positivamente a más de 300,000 familias y alrededor de 900,000 personas.
En lo que respecta a la dependencia, el segundo decreto invierte en transformar el modelo de cuidados, introduciendo la teleasistencia universal y reduciendo el periodo de espera para la resolución de solicitudes de ayudas en el sistema de dependencia a tres meses. Las estimaciones indican que para finales de 2027 se eliminarán las listas de espera en este ámbito.
Además, se ha aprobado una nueva medida con un real decreto que destina 88,7 millones de euros para ayudar a las regiones de la Comunitat Valenciana que fueron impactadas por la DANA Adam, incluyendo reparaciones agrícolas y fiscales.
El Consejo también ha implementado medidas para fortalecer la seguridad ferroviaria, tales como la redefinición del tiempo de conducción y la ampliación de los coeficientes reductores de jubilación, lo que beneficiará a los trabajadores del sector.
Otra iniciativa importante es la creación de un Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, cuyo fin es asegurar una atención integral para las víctimas y sus familiares.
Por otra parte, se ha dado luz verde al IV Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2026-2029, que contará con más de 750 medidas enfocadas en la equidad de género, abordando cuestiones como el sesgo en tecnología y la violencia política.
En el ámbito legal, el Gobierno ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra ciertos aspectos de la Ley de Medidas Fiscales de la Generalitat Valenciana, cuestionando la “prioridad nacional” en el tema de vivienda y la posible eliminación de referencias sobre la no discriminación en educación.
Adicionalmente, se ha aprobado la Estrategia Nacional de Cultura Científica y de Innovación 2027-2030, con el objetivo de integrar y potenciar la comunicación científica y fomentar la participación ciudadana.
Finalmente, se ha asignado un máximo de 10 millones de euros para apoyo económico en Ceuta, mientras el Gobierno también se ha pronunciado sobre la situación migratoria en la región. En un contexto de actualidad, ha expresado su pesar por la pérdida de un agente de la Policía Nacional durante un operativo en Oviedo, ofreciendo sus condolencias y reconocimiento a la dedicación y sacrificio de los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
