El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados la próxima aprobación, el 29 de junio, de un nuevo real decreto ley destinado a reforzar la protección del tejido productivo y de la ciudadanía con el fin de mitigar el impacto de la guerra en Irán. Esta medida se estima crucial para afrontar las consecuencias económicas derivadas del conflicto.
En respuesta al diputado del Grupo Parlamentario Popular, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez subrayó que la prioridad actual del Gobierno es dialogar con los sectores y grupos parlamentarios para facilitar la convalidación de esta norma. El mandatario recordó que en marzo se aprobó un escudo social para proteger a hogares y empresas frente a los efectos de la contienda, y el objetivo ahora es extender estas medidas en un entorno “diferente”, marcado por el reciente alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Sánchez enfatizó que los resultados de las políticas aplicadas son “francamente positivos”, destacando un ahorro del 14 % en la factura de electricidad para sectores industriales significativos.
Durante su intervención, Sánchez también resaltó que España ha liderado el crecimiento económico en Europa durante 11 trimestres consecutivos. Presentó datos alentadores sobre el empleo, las pensiones y el salario mínimo interprofesional, indicando que actualmente hay 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social y que el salario medio ha aumentado de 24.000 a casi 30.000 euros en los últimos años. Además, destacó una mejora en la percepción que tiene la OCDE de España en relación a las políticas contra la corrupción, resaltando que el país ha superado a democracias consolidadas como Noruega o Suecia en este ámbito.
Por otro lado, en la misma sesión, Sánchez anunció que el Gobierno está colaborando con los grupos parlamentarios para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027. Estos presupuestos buscarán ser coherentes con las políticas sociales y la transformación energética y digital del país. También hizo hincapié en la necesidad de gestionar eficientemente los Fondos Europeos antes de que finalice su ejecución en diciembre de 2026 y de aplicar en su totalidad la Ley de Amnistía para abordar los conflictos territoriales.
