La Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha se concentró ayer, 27 de septiembre, en Alcázar de San Juan con motivo del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, que se celebra hoy, para exigir que ninguna mujer se vea obligada a abandonar la sanidad pública para poder ejercer un derecho reconocido por la legislación.

Por primera vez, el SESCAM ha proporcionado a la Plataforma, mediante el Portal de Transparencia, el número de profesionales sanitarios que figuran en el registro de objetores de conciencia: 41 personas. La Administración también ha comunicado que existen 198 médicos en los servicios de Ginecología y Obstetricia de los hospitales de Castilla-La Mancha, aunque no ha precisado cuántas de las 41 personas objetoras son médicas ni cuál es la cifra total de profesionales que trabajan en estos servicios. Incluso en el escenario más desfavorable, suponiendo que las 41 personas objetoras fueran médicas, representarían el 20,7 % de los 198 médicos, por lo que casi ocho de cada diez no figurarían en el registro de objetores.

La concentración volvió a poner sobre la mesa una reivindicación aún pendiente en Castilla-La Mancha: garantizar de forma efectiva el aborto dentro de la sanidad pública, mediante los recursos, profesionales y organización necesarios para que las mujeres puedan acceder a esta prestación sin acudir a centros privados ni ser derivadas a otras comunidades autónomas, una situación que actualmente se produce en la mayoría de los casos.

Las organizaciones que forman parte de la Plataforma denunciaron que las mujeres castellanomanchegas siguen encontrándose con una prestación que, aunque está reconocida legalmente, se lleva a cabo fuera de la red sanitaria pública. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en 2024 el 99,95 % de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en Castilla-La Mancha se practicaron en clínicas privadas. Además, cerca del 60 % de las mujeres que han optado por abortar durante los últimos 15 años han tenido que desplazarse fuera de la región para hacerlo.

Ante esta situación, reclamaron la creación de una red pública de interrupción voluntaria del embarazo integrada en el SESCAM, que disponga de suficientes recursos y profesionales y garantice el acceso a esta prestación en todas las provincias y áreas sanitarias.

El dato de los objetores cuestiona la idea de una objeción generalizada

La Plataforma considera especialmente relevante que, después de años reclamando información, el SESCAM haya facilitado por primera vez datos oficiales sobre las personas inscritas en el registro de objetores de conciencia.

Aunque la información proporcionada sigue siendo insuficiente para conocer con precisión la dimensión de la objeción —al no especificarse las categorías profesionales ni la distribución por hospitales y áreas sanitarias—, permite introducir datos objetivos en un debate en el que durante años se ha hablado de una supuesta objeción generalizada.

Para la Plataforma, este dato refuerza la necesidad de dejar de utilizar la objeción de conciencia como argumento para no organizar la prestación. La obligación de la Administración es organizar los servicios sanitarios de forma que una objeción individual no impida ni retrase el acceso de las mujeres al aborto en la sanidad pública.

La objeción de conciencia es un derecho individual de los profesionales, no una objeción de los servicios, unidades u hospitales. Corresponde, por tanto, al SESCAM planificar los recursos humanos y asistenciales necesarios para garantizar la prestación.

La Plataforma reclama que se hagan públicos los datos completos sobre objetores por categoría profesional, número de profesionales de Ginecología y Obstetricia y distribución por hospitales y áreas sanitarias, así como los recursos disponibles y las derivaciones que se producen.

Conocer cuántas personas objetan no puede ser el punto final. Tiene que servir para organizar los servicios.

Un solo centro público no es suficiente

La Plataforma considera que el anuncio de la creación de un centro público no resuelve por sí solo el problema de acceso al aborto en Castilla-La Mancha. Es necesario conocer qué centros prestarán la atención, cuándo comenzará, con qué profesionales y recursos y cómo se garantizará el acceso en todas las provincias y áreas sanitarias.

Las mujeres que viven en zonas rurales o tienen dificultades económicas, laborales, familiares o de desplazamiento no pueden encontrar obstáculos adicionales para acceder a una prestación sanitaria en función de su lugar de residencia o sus circunstancias personales.

Por ello, la Plataforma reclama al Gobierno de Castilla-La Mancha:

  • Una red pública de aborto en todas las provincias.
  • Un calendario concreto, público y verificable para la implantación de la prestación.
  • Recursos y profesionales suficientes, garantizando que la objeción de conciencia individual no impida ni retrase el acceso.
  • Datos públicos y transparentes sobre profesionales objetores, recursos, derivaciones y prestación realizada dentro y fuera de Castilla-La Mancha.
  • Información pública, clara y accesible sobre el derecho al aborto, el itinerario asistencial y los recursos disponibles.
  • Protección efectiva frente al acoso y la intimidación para mujeres y profesionales.