Las Elecciones Generales 2023 están a la vuelta de la esquina y con ellas, es natural que surjan una serie de preguntas sobre el proceso electoral. Aquí contestamos algunas de las más frecuentes.

¿Cuándo finaliza la legislatura?

La legislatura tiene una duración máxima de cuatro años, transcurridos los cuales expira automáticamente el mandato de los diputados y senadores. Sin embargo, puede verse acortada en determinados supuestos de disolución anticipada: por decisión del presidente del Gobierno o por aplicación de dos supuestos constitucionales. Uno, cuando ningún candidato consigue la mayoría necesaria para ser presidente del Gobierno, según el artículo 99.5 de la Constitución, y dos, cuando se acuerda una reforma constitucional completa o de los artículos de especial protección.

¿Tras la disolución de las Cámaras quedan diputados “en funciones”?

No. Los diputados cesan el mismo día en el que entra en vigor el decreto por el que se disuelven las Cámaras y se convocan elecciones. Los únicos que se mantienen son los que forman parte de la Diputación Permanente, actualmente 68, hasta la constitución del nuevo Congreso tras las elecciones generales.

¿Qué es la Diputación Permanente?

Es el órgano parlamentario encargado de velar por los poderes de la Cámara fuera de los periodos ordinarios de sesiones, y entre legislaturas. Tiene competencias muy específicas en sustitución del Pleno, como la convalidación o derogación de reales decretos-leyes o, si llegara el caso, las decisiones relacionadas con los estados de alarma, excepción y sitio.

¿Qué pasa con las iniciativas que no han terminado su trámite?

Una vez disueltas las Cámaras, todas las iniciativas en tramitación caducan, con dos excepciones: las que parten de una iniciativa legislativa popular o las proposiciones de ley procedentes de comunidades autónomas. La Mesa del siguiente Congreso decide cuándo y cómo se retoman estas iniciativas.

¿El Congreso disuelto puede aprobar leyes?

No. Los proyectos y proposiciones de ley en tramitación han caducado, por lo que la Cámara no puede continuar el procedimiento legislativo. Sin embargo, la Diputación Permanente puede convalidar o derogar reales decretos-leyes.

¿Qué ocurre con el Gobierno cuando las Cámaras se disuelven?

El Gobierno mantiene sus plenas facultades hasta el momento en que se celebran las elecciones generales. A partir de ese día, el Ejecutivo entra en funciones, con las limitaciones que eso conlleva, y que están previstas en la Ley del Gobierno. El Gobierno sigue en funciones hasta el nombramiento de un nuevo presidente.

¿Cuándo toman posesión de su escaño los nuevos diputados?

La condición plena de diputado se adquiere en la sesión constitutiva del Congreso, en el caso de la XV Legislatura el próximo 17 de agosto. Tras el acatamiento de la Constitución, todos los diputados toman posesión efectiva del escaño. Sin embargo, los diputados lo son desde el día de las elecciones y en las semanas posteriores deben completar una serie de pasos previos, como la entrega en la Cámara Baja de la credencial expedida por la Junta Electoral Provincial y la presentación de las declaraciones estipuladas en la ley y el Reglamento parlamentario.

Fuente: congreso.es

España, siendo una monarquía parlamentaria, tiene un procedimiento democrático específico para determinar la mayoría absoluta en el gobierno. Para gobernar en solitario, un partido necesita obtener la mayoría absoluta, que se consigue con un voto favorable de más de la mitad de los miembros del órgano correspondiente.

En el caso de las elecciones generales que se celebran este domingo 23 de julio, se necesitan al menos 176 escaños para alcanzar esta mayoría en el Congreso de los Diputados. Aunque para que un candidato llegue a ser presidente del Gobierno no es necesario que su partido obtenga este número de escaños, sí es esencial para gobernar sin la necesidad de formar alianzas con otros partidos políticos.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) estipula que el Congreso consta de 350 escaños, distribuidos entre las 52 circunscripciones electorales del país. Cada una de las cincuenta provincias tiene asignados dos escaños de base, mientras que Ceuta y Melilla tienen un escaño cada una. Los restantes 248 escaños se distribuyen proporcionalmente a la población de cada provincia, según el censo vigente en el momento de la convocatoria electoral.

Una vez cerrados los colegios electorales, se lleva a cabo el escrutinio de los votos. Las candidaturas que han obtenido al menos el tres por ciento de los votos en cada circunscripción consiguen representación parlamentaria. El reparto de los escaños se realiza de forma proporcional al número de votos obtenidos por cada formación, aplicando la fórmula D´Hondt.

Es importante señalar que, aunque el objetivo de muchos partidos políticos es conseguir la mayoría absoluta, la diversidad política en España a menudo lleva a la formación de gobiernos de coalición, en los que varios partidos acuerdan compartir el poder para lograr un total de 176 o más escaños en el Congreso.

Así, el futuro político de España depende en gran medida de los resultados de estas elecciones, y de cómo los diferentes partidos políticos traduzcan sus votos en escaños y posibles alianzas.

En el contexto de las Elecciones Generales que se celebran en España el próximo 23 de julio, es importante conocer la distinción entre voto en blanco y voto nulo, y las consecuencias que puede tener cada uno en el panorama político. Ambos se consideran expresiones de disconformidad o protesta, pero se contabilizan de manera diferente y pueden influir en los resultados de formas distintas.

El voto en blanco es aquel en el que el elector deposita en la urna un sobre vacío, sin ninguna papeleta dentro, o con una papeleta sin ninguna marca ni inscripción. Se considera un voto válido y se suma al total de votos emitidos a la hora de calcular los porcentajes de participación y de votos obtenidos por cada formación. Sin embargo, no favorece directamente a ninguna lista y no se cuenta a la hora de asignar escaños.

Puede parecer que el voto en blanco es un voto perdido, pero tiene un efecto indirecto en la distribución de escaños. Al aumentar el número total de votos emitidos, incrementa el número de votos necesarios para alcanzar el mínimo exigido para obtener representación, lo que puede dificultar la entrada de las formaciones políticas minoritarias en el Congreso.

Por otro lado, el voto nulo es aquel que se emite de forma incorrecta o con intención de alterar la papeleta. Pueden ser votos nulos los que contienen papeletas rasgadas, rotas, con inscripciones o dibujos, o papeletas no oficiales. También se considera voto nulo si se introducen en el sobre más papeletas de las permitidas o papeletas de diferentes candidaturas en una misma elección. A diferencia del voto en blanco, el voto nulo no se considera voto válido y, por tanto, no se suma al total de votos emitidos ni se tiene en cuenta para calcular los porcentajes de participación o los votos obtenidos por cada formación.

En resumen, aunque tanto el voto en blanco como el voto nulo pueden ser una forma de expresar descontento con las opciones políticas disponibles, tienen efectos diferentes en el resultado electoral. El voto en blanco aumenta el umbral de votos necesarios para obtener representación, lo que puede perjudicar a los partidos más pequeños. Por su parte, el voto nulo simplemente se descuenta del recuento total y no tiene ningún efecto sobre la distribución de escaños.