Concentración en apoyo a Manuel Trujillo, coordinador de la PICP, por defender el Camino del Bañuelo de Córdoba, usurpado por un particular

El movimiento caminero convoca una concentración este martes, 22 de febrero de 2022, a las 9 de la mañana a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba para apoyar al activista Manuel Trujillo, de la Plataforma A Desalambrar y coordinador a nivel estatal de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos

Centenares de colectivos camineros de Andalucía y a nivel estatal se han solidarizado con el activista y cabeza del movimiento caminero a nivel estatal, Manuel Trujillo, que este martes 22 de febrero declara en la Ciudad de la Justicia de Córdoba en el juicio por el corte de unos alambres con motivo de una marcha en protesta por el cierre del Camino del Bañuelo, camino número 27 del Inventario Municipal, que se encuentra usurpado por un particular. El activista fue denunciado supuestamente por el corte de unos alambres.

El integrante de la Plataforma A Desalambrar de Córdoba y coordinador de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos ha sido citado como imputado acusado del corte de unos alambres que obstaculizaban el libre tránsito por un camino municipal, un bien de dominio público que se encuentra usurpado por terceras personas.

Las muestras de reconocimiento y solidaridad con Trujillo llegan desde toda la comunidad, en Andalucía, pero también a nivel estatal, dado que se trata de la cabeza visible -como coordinador actualmente- del movimiento caminero organizado en la PICP. El Consejo del Movimiento Ciudadano, la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara, la Federación Andaluza de Montaña, partidos políticos como el PCA, Podemos, o IU, y diversos colectivos senderistas, vecinales y de otros tipos, y también colectivos de ámbito nacional y autonómico, como Ecologistas en Acción, han manifestado su estupor.

La paradoja es que la Justicia se presta a llamar a declarar a quiénes defienden un camino público que se encuentra usurpado, y no cuestiona al tramitar la denuncia al activista Manuel Trujillo la situación de usurpación de un bien de dominio público que, conforme a la Constitución Española de 1978, tiene los atributos de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Los titulares del camino público, sus dueños, son el conjunto de la ciudadanía, y las personas que actualmente lo mantienen cortado e inaccesible son usurpadores de un bien de naturaleza pública.

La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), junto A Desalambrar y el resto de entidades que apoyan el manifiesto que se puede consultar en su web (Pulsa aquí para acceder) afirman que quien realmente es el responsable de este asunto es el Ayuntamiento de Córdoba, que era perfectamente consciente de la usurpación, ya que cuando se produjo el cierre del camino, en diciembre de 2020, recibió la correspondiente denuncia, y no hizo nada.

Cuando se realizó la marcha, en abril de 2021, se volvió a denunciar la situación de usurpación de este patrimonio caminero de Córdoba, realizándose intervenciones en el pleno del Ayuntamiento, y no hizo nada. En junio se presentaron 3000 firmas reclamando la reapertura de este camino de El Bañuelo, así como de otros que se encuentran actualmente usurpados y cerrados al libre tránsito de la ciudadanía, y lo único que hizo la autoridad municipal -con las competencias en Caminos Municipales- fue decir que se iba a hacer una comisión para determinar qué medidas se debían tomar. «Esa comisión que sepamos nunca se ha reunido ni se ha tomado ninguna medida, ahora, en una nueva pregunta en el pleno municipal, se vuelve a decir que se reunirá una comisión para estudiar el tema, pero tememos que cuando se produzca el siguiente problema de este tipo seguirán sin haber hecho nada», lamentan desde la Plataforma A Desalambrar de Córdoba.

La concentración, a partir de las 9 de la mañana en la puerta de la Ciudad de la Justicia, pretende protestar ante la situación de indefensión de las personas defensoras de los Caminos Públicos, en apoyo a Manuel Trujillo, y para reclamar al Ayuntamiento de Córdoba que actúe como está obligado legalmente en defensa de los bienes de dominio público que forman parte del Patrimonio Municipal para dejarlo a la libre disposición de sus dueños, la ciudadanía.

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