El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este jueves en la sesión de control del Congreso de los Diputados el balance social de su legislatura y respondió a quienes critican medidas como la subida del salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones. Sánchez identificó a esos detractores con lo que llamó «élites» y los contrapuso a los datos: España suma 22,3 millones de afiliados a la Seguridad Social y la OCDE ha mejorado sus previsiones de crecimiento para el país.
El jefe del Ejecutivo subrayó que ambas medidas han beneficiado directamente a los trabajadores con menores ingresos y han contribuido a lo que describió como el mejor momento democrático de España en términos de empleo y protección social. Según el presidente, los datos macroeconómicos avalan esa valoración.
Conflicto en Gaza y lucha contra la desinformación
En el plano internacional, Sánchez reiteró que su Gobierno mantiene como prioridad el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, con referencia expresa al conflicto en Gaza. No anunció medidas concretas nuevas, pero situó esa postura como uno de los ejes de la política exterior española.
El presidente también anunció su intención de impulsar una ley para combatir la desinformación en redes sociales. Sánchez argumentó que las noticias falsas distorsionan la opinión pública y que los ciudadanos merecen mayor protección frente a ese fenómeno. La propuesta no tiene aún calendario legislativo definido, pero el Gobierno la incluye entre sus objetivos para lo que queda de legislatura.
Financiación autonómica y lenguas cooficiales en la UE
Ante la intervención de la diputada de Junts, Míriam Nogueras, Sánchez detalló la aportación del Estado a las comunidades autónomas: más de 160.000 millones de euros transferidos desde que su Ejecutivo asumió el Gobierno. El presidente presentó esa cifra como prueba del esfuerzo del Estado por reforzar la capacidad financiera de las autonomías y asegurar los servicios públicos que dependen de ellas.
Sánchez anunció también su respaldo al reconocimiento del catalán, el vasco y el gallego como lenguas oficiales en la Unión Europea, junto con su financiación en las instituciones comunitarias. Es una reivindicación histórica de los partidos nacionalistas que el Gobierno se ha comprometido a defender ante Bruselas, aunque el proceso de negociación con las instituciones europeas es largo y no depende en exclusiva de la voluntad del Ejecutivo español.
La defensa del gasto social y de la financiación territorial se produce en un momento en que el Gobierno negocia apoyos para sus iniciativas legislativas. En esa línea, Sánchez presentó también una inversión superior a 2.200 millones de euros para reforzar el sistema de cuidados a personas dependientes, con impacto directo en las comunidades autónomas, incluida Castilla-La Mancha.
El debate parlamentario se produce además en un momento de tensión social. Organizaciones como UGT Castilla-La Mancha han señalado que los avances legislativos en materia social no siempre se trasladan a la práctica cotidiana de las empresas, lo que refleja la brecha que persiste entre las medidas aprobadas y su aplicación real.
Preguntas frecuentes
¿Por qué Pedro Sánchez habló de «élites» en el Congreso?
Sánchez utilizó ese término para referirse a los sectores que se han opuesto a la subida del salario mínimo interprofesional y a la revalorización de las pensiones, medidas que el Gobierno considera parte central de su política social.
¿Qué datos económicos citó el presidente en el Congreso?
Sánchez señaló que España cuenta con 22,3 millones de afiliados a la Seguridad Social y que la OCDE ha mejorado sus previsiones de crecimiento para el país, datos que presentó como aval del rumbo económico de su Gobierno.
¿Qué propone el Gobierno sobre la desinformación en redes sociales?
El Ejecutivo tiene previsto impulsar una ley para combatir la difusión de noticias falsas en redes sociales, aunque todavía no ha fijado el calendario para su tramitación parlamentaria.
¿Qué implicaría el reconocimiento de las lenguas cooficiales en la UE?
España defiende que el catalán, el vasco y el gallego alcancen el estatus de lenguas oficiales en las instituciones europeas. El proceso requiere el acuerdo de todos los estados miembros, lo que hace la negociación compleja y de largo plazo.
