El PSOE se encuentra en un momento crítico, marcado por la acumulación de denuncias sobre corrupción y comportamientos machistas de algunos de sus dirigentes. Esta situación ha propiciado un clima de desgaste que la oposición ha sabido aprovechar para exigir tanto dimisiones como elecciones anticipadas. Sin embargo, lo que resulta aún más preocupante es la aparición de voces internas que cuestionan la legitimidad de los procesos democráticos dentro del propio partido.
En este contexto, la federación socialista de Castilla-La Mancha, y su Gobierno regional en particular, han adoptado una postura de confrontación abierta con la dirección federal del PSOE. Muchos militantes, como el ex portavoz de la candidatura de Pedro Sánchez en Ciudad Real, Manuel Ortega Cantero, se sienten desconcertados ante esta dinámica interna, especialmente cuando el Gobierno de España está recibiendo reconocimientos por sus avances en temas tan cruciales como igualdad, empleo, pensiones y bienestar social.
La controversia ha llegado a un punto crítico con las acusaciones realizadas por la consejera de Igualdad, Sara Simón, quien sugirió que «se inflaron los censos de votantes» durante las primarias que llevaron a Pedro Sánchez de vuelta a la Secretaría General del PSOE. Estas aseveraciones, de ser ciertas, requieren pruebas sólidas. Ortega, que participó activamente en esa campaña, defiende la transparencia de todo el proceso, afirmando que fue «limpio, transparente y escrupulosamente vigilado».
Recordó que los censos se establecieron en el momento de recogida de avales, y que su propia candidatura incluso intentó reactivar a militantes que habían cesado su actividad, sin éxito. Esta dinámica lleva a cuestionar la validez de las acusaciones de manipulación planteadas por la consejera.
Aquellos que formaron parte de la campaña se unieron en un esfuerzo común, realizando un trabajo arduo y lleno de pasión para restablecer la voz de la militancia. Sin embargo, lamentan que hoy en día, apenas uno de los cerca de trescientos miembros de aquel movimiento ocupa un cargo institucional, lo que refuerza su sentimiento de que su lucha fue una defensa de un proceso democrático que dio paso a gobiernos progresistas benefactores de millones de ciudadanos.
Lo más doloroso para estos militantes es ver cómo desde un gobierno socialista se pone en tela de juicio la legitimidad de aquel proceso. Ortega concluye que quienes no confían en los mecanismos democráticos del partido carecen de la coherencia necesaria para defender su ideología, y subraya la responsabilidad que deben asumir aquellos que formulan graves acusaciones sin respaldo. Reiteró la necesidad de respeto hacia la militancia y la importancia de la verdad en la política.
